Mi obra social o prepaga no me cubre el tratamiento por VIH: qué hacer

La cobertura integral: qué obliga la Ley 27.675

La Ley 27.675, de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, sancionada en 2022, estableció en su artículo 3 que los agentes del servicio público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, y las empresas de medicina prepaga están obligadas a brindar asistencia integral, universal y gratuita a las personas expuestas o afectadas por el VIH.

El artículo 21 complementa esa obligación, exigiendo que se garantice el acceso gratuito a las pruebas diagnósticas, los tratamientos, los medicamentos y los insumos preventivos. Esta ley derogó expresamente, en su art. 43, a la antigua Ley 23.798 de 1990, por lo que hoy es el marco vigente aplicable.

La base anterior de cobertura, la Ley 24.455 de 1995 —que obligó a las obras sociales a incorporar el tratamiento de retrovirus humanos y SIDA como prestación obligatoria—, sigue siendo un antecedente útil para reclamos históricos. El fundamento actual, en cambio, es la Ley 27.675.

Prevención combinada: la PrEP para personas expuestas que no tienen VIH

La Ley 27.675 no se limita a quienes ya tienen un diagnóstico. Su artículo 3 obliga a obras sociales, prepagas y demás agentes del sistema de salud a brindar asistencia integral, universal y gratuita a las personas «expuestas y/o afectadas» por el VIH, e incluye las herramientas de la estrategia de prevención combinada. Una persona sin infección y con prescripción médica de profilaxis preexposición (PrEP) puede reclamar esa cobertura.

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal lo resolvió en «C., L. c/ OSDE s/ amparo de salud» (Expte. CCF 5156/2021/CA1, 15 de julio de 2025). Un afiliado de 32 años, con prescripción de una infectóloga por múltiples parejas sexuales y uso irregular de preservativo, reclamaba el tratamiento PrEP (TDF/FTC). La prepaga le había respondido por teléfono que le correspondía el 40% del costo.

El juzgado concedió la cautelar en 2021 y la sentencia del 17 de junio de 2024 ordenó la cobertura integral. OSDE apeló: sostuvo que el Programa Médico Obligatorio (Resolución 201/2002) cubre al 100% solo a las personas infectadas y que el actor no probó carecer de medios. La Cámara entendió que ese planteo soslayaba la Ley 27.675, de aplicación específica al caso.

La Sala destacó que la ley es de orden público (art. 4), que declara de interés público nacional los medicamentos y procedimientos para la prevención del VIH (art. 1, inc. b) y que reconoce el acceso a las herramientas de prevención combinada con prescripción médica (art. 21, inc. j). Agregó, a mayor abundamiento, el artículo 7, inciso d), sobre el deber del efector de salud de evitar la propagación de enfermedades contagiosas.

«se encuentra reconocido el acceso a todas las herramientas de prevención combinada en todos los casos que sea requerida, con prescripción médica y bajo las normativas emitidas por la autoridad de aplicación»

La Cámara confirmó la sentencia y distribuyó las costas de ambas instancias en el orden causado, en atención al cambio de legislación ocurrido durante el trámite: el amparo se había iniciado en 2021 y la Ley 27.675 se publicó el 18 de julio de 2022. Hoy la ley ya está vigente al momento de reclamar.

1. Pedí la prescripción al infectólogo con la evaluación del riesgo, el esquema indicado y la frecuencia de los controles.
2. Pedí la respuesta de la prepaga por escrito. En el caso del fallo se la dieron por teléfono, lo que obliga a probarla con otros medios.
3. Intimá citando los artículos 3 y 21 de la Ley 27.675 y pedí la cobertura integral, no el porcentaje que ofrezcan.
4. Evaluá el amparo con cautelar si persiste el 40% o la negativa, porque la ley no exige estar infectado para acceder a la cobertura.

La protección contra la discriminación

La Ley 27.675 no se limita a la cobertura médica: en su artículo 6 reconoce el derecho a un trato digno y respetuoso, sin discriminación ni criminalización, y al resguardo de la confidencialidad, la privacidad y la intimidad.

El artículo 8 prohíbe específicamente ofrecer o realizar la prueba diagnóstica de VIH en los exámenes médicos preocupacionales, y el artículo 9 garantiza el derecho al trabajo y a la permanencia en el empleo sin discriminación, despidos ni hostigamiento por esta causa.

Esta protección es relevante en los reclamos de cobertura, porque algunas negativas —o demoras excesivas— pueden esconder, de hecho, una forma de discriminación que la ley específicamente prohíbe.

Cómo actuar frente a la negativa o la demora

Ante una negativa, una demora o una interrupción, lo central es documentar con fechas y apoyarse en la indicación del infectólogo. Estos son los pasos, en el orden en que conviene darlos:

1. Reuní la indicación del médico infectólogo tratante, con el esquema de tratamiento antirretroviral recomendado.
2. Documentá la negativa, la demora o la interrupción de la obra social o prepaga, con fechas exactas.
3. Intimá formalmente, citando el art. 3 de la Ley 27.675 y, como antecedente, la Ley 24.455.
4. Evaluá el amparo de salud con medida cautelar si no hay respuesta en un plazo razonable, dado que la interrupción de un tratamiento antirretroviral compromete directamente la salud del paciente.
5. Preservá la confidencialidad del reclamo: podés requerir que la tramitación no exponga tu diagnóstico más allá de lo estrictamente necesario para la acción.

Documentación para evaluar el caso

Para analizar tu caso necesitamos esta documentación, que se maneja con reserva. Si hubo algún trato discriminatorio, conviene conservar cualquier registro, porque puede sumar al reclamo.

• Indicación del médico infectólogo tratante, con el esquema de tratamiento recomendado.
• La negativa, demora o interrupción de la obra social o prepaga, documentada por escrito.
• Constancia de afiliación y del plan de cobertura contratado.
• Si hubo algún trato discriminatorio vinculado al diagnóstico, su registro (correos, mensajes, constancias).

Preguntas frecuentes