Vivimos juntos sin casarnos: qué derechos tenemos y qué pasa si nos separamos

Cuándo la ley reconoce la unión convivencial

No cualquier pareja que comparte techo queda alcanzada. La ley exige una unión basada en una relación afectiva singular, pública, notoria, estable y permanente, con un proyecto de vida en común. Además, tienen que cumplirse estos requisitos:

• Que los dos integrantes sean mayores de edad.
• Que no exista entre ellos un parentesco que lo impida.
• Que no tengan impedimento de ligamen (es decir, que ninguno esté casado con otra persona) ni otra convivencia registrada al mismo tiempo.
• Que la convivencia se mantenga durante al menos dos años.

Cumplidos esos requisitos, la unión puede además inscribirse en el registro correspondiente, lo que refuerza la protección de la vivienda familiar frente a terceros. Dos distinciones ayudan a saber si tu caso entra:

El pacto de convivencia y la protección de la vivienda

La ley da un margen amplio de autonomía: los convivientes pueden firmar un pacto de convivencia que regule cómo se contribuye a los gastos del hogar, qué pasa con la vivienda si la relación termina y cómo se dividen los bienes obtenidos con el esfuerzo común.

Sin ese pacto, cada integrante administra y dispone libremente de sus propios bienes: no existe, como en el matrimonio bajo comunidad de ganancias, una masa de bienes gananciales a repartir por partes iguales. Y hay un límite que ningún pacto puede saltear: no puede dejar sin efecto la asistencia mutua durante la convivencia ni la protección legal de la vivienda familiar, que rigen aunque el pacto no las mencione o pretenda excluirlas.

Qué protege la ley sobre la vivienda familiar

Mientras dura la unión, si está inscripta, ninguno de los convivientes puede vender, hipotecar o disponer de la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables, sin el consentimiento del otro. Si uno lo hace igual, el otro puede pedir la nulidad del acto, pero tiene un plazo corto: seis meses desde que lo conoció, y siempre que la convivencia continúe.

La protección tiene una segunda cara, frente a los acreedores: esa vivienda no puede ejecutarse por deudas que uno de los convivientes contraiga en solitario después de inscripta la unión. La excepción son las deudas asumidas por ambos o por uno con el asentimiento del otro.

Las siete causas que ponen fin a la unión

La unión convivencial no se disuelve con una sentencia de divorcio: cesa por alguna de estas siete causas:

• La muerte de uno de los convivientes.
• La sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento.
• El matrimonio o la nueva unión convivencial de uno de sus miembros.
• El matrimonio entre los propios convivientes.
• El mutuo acuerdo.
• La voluntad unilateral de uno, notificada fehacientemente al otro (por un medio que deje constancia).
• El cese real de la convivencia.

Un matiz importante: interrumpir la convivencia por motivos laborales u otros similares no cuenta como cese, mientras siga existiendo la voluntad de vida en común. Identificar con precisión cuál de estas causas se dio, y en qué fecha exacta, es el primer paso antes de reclamar cualquier efecto del cese, porque desde ahí corren los plazos.

Qué se puede reclamar cuando la convivencia termina

Al cesar la unión, dos herramientas se parecen a las del divorcio (la compensación económica y la atribución de la vivienda), pero con diferencias de fondo que conviene no pasar por alto. Y la pregunta por los bienes tiene acá una respuesta muy distinta a la del matrimonio.

Compensación económica

Si la ruptura deja a uno de los convivientes en un desequilibrio manifiesto con causa en la vida en común, tiene derecho a reclamar una compensación económica. Se evalúa con las mismas seis pautas que en el divorcio: el patrimonio de cada uno al inicio y al final, la dedicación a la familia, la edad y la salud, la capacitación laboral, la colaboración en las actividades del otro y la atribución de la vivienda.

Hay dos diferencias que sí importan. La renta, si se fija por tiempo determinado, no puede durar más que la propia unión: no existe acá la renta por plazo indeterminado que el divorcio admite en casos excepcionales. Y el plazo de caducidad de seis meses corre desde la causa del cese (la notificación unilateral o el cese fáctico de la convivencia), no desde una sentencia que, para este tipo de unión, no existe.

Uso de la vivienda familiar

El juez puede atribuirle el uso de la vivienda familiar a uno de los convivientes si tiene a su cargo hijos menores, con capacidad restringida o con discapacidad, o si acredita una necesidad extrema de vivienda que no puede resolver de otra forma. Esa atribución tiene un plazo máximo de dos años desde el cese y puede acompañarse de una renta compensatoria a favor de quien no se quedó con la vivienda.

Los bienes adquiridos durante la unión

Sin un pacto de convivencia que diga algo distinto, cada bien adquirido durante la unión se mantiene en el patrimonio de quien lo compró. No hay, como en el matrimonio bajo comunidad de ganancias, una masa de bienes a repartir por mitades.

Eso no cierra toda posibilidad de reclamo. Si podés probar un aporte real a un bien que quedó a nombre del otro, los principios generales del enriquecimiento sin causa, u otros aplicables al caso, pueden abrir una vía de reclamo, aunque no exista el automatismo del régimen matrimonial.

Cómo se ordena esto en la práctica

El trabajo cambia según el momento: no es lo mismo ordenar una convivencia en curso que reclamar después de la ruptura. Estos son los pasos que conviene seguir:

1. Verificá si tu unión cumple los requisitos legales: tiempo de convivencia, ausencia de impedimentos y si te conviene inscribirla para reforzar la protección de la vivienda.
2. Evaluá un pacto de convivencia si hay patrimonio relevante o hijos de uniones anteriores: ordena expectativas y evita discusiones si llega una ruptura.
3. Si la convivencia terminó, identificá primero la fecha exacta de la causa del cese, porque no hay una sentencia que la fije como en el divorcio. Después reconstruí la historia patrimonial de la pareja y calculá cuanto antes el plazo de caducidad de seis meses de la compensación económica.
4. Si hay hijos en común, la cuota alimentaria y el cuidado personal se rigen exactamente igual que si los padres estuvieran casados: no dependen del estado civil.
5. Documentá todo por escrito: sin matrimonio ni un régimen legal supletorio de bienes gananciales, la prueba de los aportes y de los acuerdos es lo que sostiene cualquier reclamo posterior.

Qué documentación reunir y qué no hacer

Para evaluar tu situación, siga o no la convivencia, conviene reunir:

• El DNI de ambos convivientes y, si existe, la constancia de inscripción de la unión.
• Comprobantes de la convivencia: contrato de alquiler o escritura conjunta, facturas de servicios a nombre de ambos, fotos, testigos.
• El pacto de convivencia, si lo firmaron.
• El detalle de los bienes adquiridos durante la convivencia y quién aportó qué.
• Las partidas de nacimiento de los hijos en común, si los hay.

Y estos son los errores que conviene evitar:

• No asumas que vivir «como si estuviéramos casados» te da los mismos derechos patrimoniales que el matrimonio: el régimen es distinto y, sin pacto ni prueba de aportes, la división de bienes es más difícil de sostener.
• No dejes pasar el plazo de seis meses si el otro dispuso de la vivienda familiar sin tu consentimiento y la unión sigue en pie.
• No firmes la venta de un bien en común «para agilizar» sin entender qué estás cediendo, sobre todo si no hay un pacto de convivencia previo.
• No mezcles los reclamos de alimentos de los hijos con la discusión patrimonial de la pareja: son carriles independientes.

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