Art. 526 CCyC: quién se queda con la vivienda cuando termina una convivencia

Comentario

La norma habilita al juez a atribuir el uso del inmueble que fue sede de la unión —no la propiedad, que sigue rigiéndose por las reglas generales de titularidad y condominio— a uno solo de los convivientes, en dos supuestos alternativos. El primero, más frecuente en la práctica, es que ese conviviente tenga a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad: la ley prioriza que esos hijos no pierdan, además de la convivencia de sus padres, también su vivienda habitual. El segundo supuesto es más excepcional: que el conviviente acredite una extrema necesidad de vivienda y la imposibilidad de procurársela de forma inmediata por sus propios medios —un estándar exigente, que no se satisface con la sola conveniencia o preferencia personal.

El plazo de esta atribución tiene un tope legal de dos años, contados desde el cese de la convivencia. A diferencia de otras protecciones de este régimen que pueden prolongarse mientras persistan las circunstancias que las justifican, acá la ley fija un límite temporal cierto, que busca equilibrar la protección del conviviente más vulnerable con el derecho del otro (o de ambos, si el inmueble es de titularidad conjunta) a disponer plenamente de su patrimonio en un plazo razonable.

La norma da, además, herramientas complementarias que el juez puede disponer a pedido de parte: una renta compensatoria a favor del conviviente que no se queda con la vivienda —para compensar que no puede usar ni disponer de un bien que, total o parcialmente, también es suyo—; la prohibición de enajenar el inmueble durante el plazo de atribución sin acuerdo de ambos; y que el inmueble en condominio no se parta ni liquide mientras dure la atribución. Estas medidas, para tener efecto frente a terceros (por ejemplo, frente a un comprador de buena fe), deben inscribirse registralmente.

Finalmente, la norma resuelve un escenario habitual: si la vivienda estaba alquilada, el conviviente que no figura como locatario en el contrato tiene derecho a continuar viviendo ahí hasta que venza el contrato de locación vigente, aunque siga obligado al pago del alquiler y sujeto a las garantías que originalmente se constituyeron —es decir, la protección no lo libera de las obligaciones del contrato, solo le garantiza la continuidad de la ocupación por el plazo que reste.

Cómo se usa en la práctica

Para pedir esta atribución hace falta acreditar con solidez el supuesto invocado —la situación de los hijos a cargo, o la extrema necesidad de vivienda— y definir si conviene además solicitar la renta compensatoria o las restricciones a la disposición del inmueble. El desarrollo completo de esta herramienta está en la guía de unión convivencial de este sitio.

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