La prepaga me aumentó la cuota muy por encima de la inflación: qué se puede reclamar tras el DNU 70/2023

Qué cambió con el DNU 70/2023 y qué sigue vigente

Antes de la reforma, la Ley 26.682 le asignaba a la Superintendencia de Servicios de Salud una función de control específica sobre el valor de las cuotas. El DNU 70/2023 modificó ese esquema y eliminó esa autorización previa general, como parte de una desregulación más amplia del sector.

Eso no significa que las prepagas tengan libertad absoluta para fijar cualquier aumento. Siguen vigentes dos protecciones puntuales: el límite de tres veces entre franjas etarias al contratar y la prohibición de aumentar por edad a los mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad. Fuera de esos supuestos, ya no hay una instancia administrativa que apruebe cada aumento general antes de aplicarlo.

Lo que resolvió la Justicia: sin declarar inconstitucional el DNU, pero topeando el abuso

En "P. T., J. c/ Cober Medicina Prepaga s/ amparo/sumarísimo valor cuota EMP-DNU 70/23" (Juzgado Civil y Comercial Federal 7, Secretaría 13, Exp. CCF 010298/2024, sentencia del 04/08/2026), el juzgado rechazó el planteo de inconstitucionalidad genérica del DNU. Sostuvo que desregular una actividad económica no es, en sí mismo, contrario a la Constitución y que no es función de los jueces fijar precios de servicios de salud.

Aun así admitió parcialmente la demanda: anuló los aumentos aplicados desde enero de 2024, ordenó limitarlos al Índice de Precios al Consumidor acumulado desde entonces y dispuso que la diferencia cobrada de más se acredite a favor del afiliado.

En "DEL MEDICO, Claudio Fabián c/ Medicus SA y otros s/ incumplimiento de prestación de obra social/med. prepaga" (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, Exp. CCF 025152/2024/CA001, sentencia del 16/07/2026), el afiliado acreditó que su cuota había aumentado un 504,1% desde diciembre de 2023, superando su capacidad de pago pese a recurrir a sus ahorros.

La Cámara concedió la medida cautelar, anuló los aumentos desde enero de 2024 y ordenó limitarlos también al IPC acumulado. Desestimó el reclamo únicamente respecto de la obra social codemandada, por no haber tenido injerencia en la fijación de esa cuota.

El patrón que se repite y las distinciones que importan

En ambos casos, el argumento que prosperó no fue "el DNU es inconstitucional", sino "este aumento en particular, acreditado con la facturación y la capacidad de pago del afiliado, es desproporcionado". Ese es el camino más efectivo para este tipo de reclamos: documentar el porcentaje concreto del aumento contra el IPC del mismo período y su impacto real sobre los ingresos.

Si lo que te interesa es recuperar el dinero que ya pagaste de más, tenemos una guía sobre el reclamo patrimonial por el aumento de cuota, que se tramita por una vía distinta de la que describimos acá.

Cómo actuar frente a un aumento desproporcionado

El reclamo se sostiene con números y con papeles. Este es el orden que conviene seguir antes de pensar en una demanda:

1. Calculá el porcentaje exacto del aumento desde el inicio del vínculo o desde una fecha de referencia, y compará con el IPC acumulado del mismo período.
2. Reuní tus recibos de haberes o constancia de ingresos, para acreditar el impacto del aumento sobre tu capacidad de pago.
3. Guardá las facturas de la prepaga con el detalle de cada incremento aplicado.
4. Intimá formalmente, solicitando que el aumento se limite al IPC acumulado y se reintegre la diferencia cobrada de más.
5. Evaluá el amparo o la acción de conocimiento si la prepaga no responde, acompañando la prueba del porcentaje y de tu situación económica.

Qué fuero corresponde: federal, comercial o civil

La primera decisión del reclamo es dónde presentarlo, y las Cámaras no coinciden del todo. La Cámara Comercial viene enviando al fuero civil y comercial federal los casos que ponen en juego la determinación del valor de las cuotas, con apoyo en la doctrina de la Corte en Buda, M.D.A., A.L.A. y Rossi, según la citan los propios fallos.

En A., G. C. c/ Swiss Medical S.A. (CNCom, Sala E, expte. COM 24139/2023, 12/12/2025) la Sala E remitió al fuero federal un reclamo contra aumentos por franja etaria, porque el objeto lleva al examen del artículo 17 de la Ley 26.682, una norma federal, "más allá de la relevancia de los aspectos de consumo eventualmente involucrados".

La misma solución se aplicó al amparo contra los aumentos posteriores al DNU. En R., M. I. c/ OSDE (CNCom, Sala A, expte. COM 11884/2026, 30/06/2026) la Sala A sostuvo que, si el planteo cuestiona los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, el caso supone discutir la legitimidad de una política de gobierno en materia de salud y corresponde a la justicia federal civil y comercial.

«se estaría ventilando en el sub lite la legitimidad de un acto de gobierno»

Existe, sin embargo, una vía comercial para el reclamo estrictamente contractual. En D'U., A. N. c/ Cobensil S.A. (CNCom, Sala C, expte. COM 12456/2022, 19/11/2024) la Sala C entendió que el reclamo por el precio de un contrato de prepaga, sin cuestionar normas del sistema nacional de salud, es de la Justicia Comercial, y distinguió el precedente Carmona c/ Avalian de la Corte, sobre aumentos por edad.

Como regla práctica, cuanto más cuestiona el reclamo el régimen del DNU, más cerca está del fuero federal.

Los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023: dónde se declararon inconstitucionales y dónde no

La guía recuerda que muchos tribunales no declaran la inconstitucionalidad en abstracto. Es cierto para varias Salas, pero no para todas. La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró inconstitucionales los dos artículos en M., T. G. c/ OSDE (CNCivComFed, Sala I, expte. CCF 10835/2024/CA2, 27/05/2025) porque no se acreditó la necesidad y urgencia que exige el artículo 99, inciso 3, de la Constitución para derogar el control estatal de las cuotas.

La Sala I fijó además el efecto en el caso concreto: la prepaga debe pedir a la Superintendencia la aprobación de cada aumento al actor. Ese mismo fallo señala que las medidas transitorias, como las cautelares y el acuerdo colectivo, no agotan el objeto del amparo individual. El juez de primera instancia había rechazado el amparo y considerado que el reintegro era una cuestión patrimonial ajena a la vía.

La Sala III siguió esa línea en C., D. O. c/ Obra Social del Personal de Dirección de Sanidad «Luis Pasteur» (CNCivComFed, Sala III, expte. CCF 12498/2024/CA2, 25/06/2026): el vencedor puede mantener al contestar agravios la defensa de inconstitucionalidad desechada (doctrina Bargas), y la Cámara debe tratarla; con remisión a M., declaró inconstitucionales los artículos y rechazó que el acuerdo colectivo volviera abstracta la acción.

En primera instancia, D., B. c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (Juzg. Civ. y Com. Fed. n° 8, expte. CCF 6448/2024, 19/06/2026) declaró que las normas carecen de razonabilidad y urgencia y que el acuerdo 9610/24 no resuelve la pretensión porque deja abiertas las pautas desde julio de 2024.

Además, el juzgado admitió que la cónyuge continuara el amparo tras el fallecimiento del titular, porque el artículo 13 de la Ley 26.682 establece que su muerte no hace caducar los derechos del grupo familiar.

Con matices, la Sala II confirmó el camino en T., M. c/ OSDE (CNCivComFed, Sala II, expte. CCF 9787/2024, 01/10/2026): los amparos no se tornaron abstractos por el acuerdo de la causa 9610/24, pero la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos plenos. No congela la cuota a diciembre de 2023; el período transcurrido se recalcula con tope IPC y hacia adelante rige la autorización previa de la Superintendencia.

La Cámara Comercial, en cambio, no ha seguido ese camino en los fallos citados. En B., N. E. c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (CNCom, Sala D, expte. COM 11138/2024, 02/07/2026) la mayoría consideró que el DNU no tiene defectos formales y que su control político corresponde al Congreso, aunque fijó el IPC como techo.

El voto en disidencia del juez Heredia sostuvo que los artículos son inconstitucionales e inconvencionales porque el Estado no puede abdicar del control previo de las cuotas.

En R., M. M. c/ OSDE (CNCom, Sala B, expte. COM 5771/2024, 22/06/2026) la Sala B tampoco declaró la inconstitucionalidad, por no haberse demostrado un perjuicio concreto y actual derivado de las normas, aunque sí limitó los aumentos.

Y en D. N., M. A. c/ Swiss Medical S.A. (CNCivComFed, Sala II, expte. CCF 1203/2024/CA2, 23/06/2026) la Sala II no trató el planteo porque la actora no apeló ese punto ni lo mantuvo al contestar agravios. La lección procesal es mantener el planteo en cada instancia.

El IPC como tope: la pauta que repiten las Cámaras

Aun donde no se declara la inconstitucionalidad, los tribunales convergen en el IPC como límite.

En D. N., M. A. c/ Swiss Medical S.A. (CNCivComFed, Sala II, expte. CCF 1203/2024/CA2, 23/06/2026) la Sala II lo definió como "la solución menos perjudicial para ambas partes" mientras rija el régimen del DNU, porque es el índice de las cautelares del fuero, el que la Superintendencia aceptó en el acuerdo de la causa 9610/2024 y el que mencionan sus resoluciones 2155/2024 y 645/2025.

La Sala D de la Cámara Comercial llegó a la misma pauta con otra fundamentación. En B., N. E. c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (CNCom, Sala D, expte. COM 11138/2024, 02/07/2026) y en J., N. y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (CNCom, Sala D, expte. COM 13152/2024, 02/07/2026) entendió que la libertad de fijar precios tiene como techo el IPC, parámetro que la Superintendencia y el decreto 102/2025 toman como referencia.

En J. admitió además el subíndice "Salud" cuando resulta mayor y los actores no lo cuestionan.

La Sala B desarrolló el razonamiento de fondo. En S., C. E. c/ Swiss Medical S.A. (CNCom, Sala B, expte. COM 4980/2024, 19/06/2026) sostuvo que, aun bajo el DNU, la fijación de cuotas debe respetar los estándares de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad de la doctrina CEPIS, que los aumentos sorpresivos y desproporcionados a una afiliada mayor son abusivos y que el artículo 1121 del Código Civil y Comercial no impide el control judicial.

En R., M. M. c/ OSDE (CNCom, Sala B, expte. COM 5771/2024, 22/06/2026) la misma Sala consideró irrazonables aumentos superiores al 100% en pocos meses a una afiliada mayor, aunque haya inflación.

En A., N. Z. c/ OSDE (CNCom, Sala B, expte. COM 15742/2024, 15/07/2026) agregó un dato útil para la prueba: el atraso tarifario que alegaba la prepaga (49% según la pericia contable) no justificaba un aumento que lo triplicó en dos meses, y el tope IPC era razonable y compatible con la Resolución 2155/2024.

En primera instancia, los juzgados aplican el mismo criterio al conceder cautelares. G., E. M. c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (Juzg. Civ. y Com. Fed. n° 6, expte. CCF 4293/2026, 01/06/2026) ordenó limitar los aumentos al IPC y reintegrar el excedente en la próxima factura, sin avanzar sobre la inconstitucionalidad, que consideró incompatible con el marco hipotético de una medida cautelar.

Y J., A. J. y otro c/ Galeno Argentina S.A. (Juzg. Civ. y Com. Fed. n° 4, expte. CCF 3073/2026, 01/06/2026) fue más lejos para una pareja de jubilados de 79 y 80 años: retrotrajo la cuota a diciembre de 2023 y la actualizó por IPC, pauta que el juzgado vinculó con las cautelares de las tres Salas del fuero, con las medidas de la Secretaría de Industria y Comercio y con el amparo colectivo 9610/2024.

El acuerdo colectivo con la Superintendencia no cierra tu reclamo

Las prepagas suelen alegar que el acuerdo homologado en la causa 9610/2024 volvió abstractas las acciones individuales. Los fallos de las Cámaras lo rechazan de manera sostenida.

S., C. E. c/ Swiss Medical S.A. (CNCom, Sala B, expte. COM 4980/2024, 19/06/2026) y R., M. M. c/ OSDE (CNCom, Sala B, expte. COM 5771/2024, 22/06/2026) coinciden en que el acuerdo no es oponible a quien promueve la acción individual, que equivale a ejercer el derecho de apartarse del artículo 54 de la Ley 24.240.

En A., N. Z. c/ OSDE (CNCom, Sala B, expte. COM 15742/2024, 15/07/2026) la Sala B agregó que la transacción no torna abstracta la acción, porque subsiste un interés concreto y actual.

D., A. c/ Asociación Civil Hospital Alemán (CNCom, Sala B, expte. COM 7597/2024, 17/07/2026) resolvió que adecuar las cuotas al IPC por efecto de medidas administrativas o del acuerdo colectivo no vuelve abstracto el amparo individual ni exime de costas, porque lo actuado en el colectivo no tiene incidencia en el proceso individual.

Este criterio también aparece en materia cautelar. I., M. J. c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (CNCom, Sala B, expte. COM 2562/2026, 19/06/2026) sostuvo que en la acción individual rige lo que se decida en ese proceso, no el acuerdo colectivo, conforme al artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor.

La cautelar: qué se exige y qué no

Para frenar el aumento mientras dura el juicio, los tribunales aplican un criterio amplio en materia de salud. I., M. J. c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (CNCom, Sala B, expte. COM 2562/2026, 19/06/2026) revocó el rechazo de la cautelar a una jubilada con maculopatía cuya cuota había pasado de $77.273,35 en diciembre de 2023 a $160.050,41 en marzo de 2024 y cuyo gasto en salud consumía el 60% de sus ingresos.

Dos precisiones de esa resolución son útiles para armar el pedido. No se puede exigir que el afiliado esté en mora para obtener la cautelar, porque lo colocaría en el trance de incumplir. Y la afiliación a PAMI no descarta el peligro en la demora de una persona mayor vulnerable.

«no parecería atinado exigir la acreditación de que los afiliados se encuentren actualmente constituidos en mora»

Hay un contraejemplo sobre la prueba mínima. En C., E. y otro c/ Swiss Medical S.A. (CNCom, Sala E, expte. COM 16399/2025, 26/12/2025) la Sala E confirmó el rechazo de una cautelar contra un aumento por edad porque la actora acompañó una sola factura de septiembre de 2025, cuando el aumento databa de 2003 y 2010, y no presentó el contrato. No se acreditó, dijo la Sala, "ni siquiera de manera indiciaria" la verosimilitud del derecho.

Aumentos por edad o por cambio de franja

Cuando el aumento se atribuye a la edad, la prueba cambia. En L., R. E. c/ Swiss Medical S.A. (Juzg. Civ. y Com. Fed. n° 10, expte. CCF 10129/2023, 02/06/2026) el juzgado consideró la vejez una "categoría sospechosa": si la diferencia de trato se basa en la edad, se invierte la carga de la prueba y la prepaga debe justificarla. Como además no probó haber notificado el aumento con treinta días de antelación, el aumento fue declarado inválido.

En F., A. O. c/ Swiss Medical S.A. (CNCivComFed, Sala II, expte. CCF 3631/2019, 01/10/2026) la Sala II sostuvo que el aumento por cambio de franja exige que el contrato informe desde el inicio no solo la edad sino el porcentaje, el monto o el mecanismo objetivo del recargo. El decreto 66/2019 no sanea retroactivamente los aumentos anteriores, y el artículo 12 de la Ley 26.682 no autoriza aumentos a los 61 años.

M., M. L. c/ OSDE y otro (CNCom, Sala D, expte. COM 894/2019, 25/06/2026) y H., M. c/ Omint S.A. de Servicios (CNCom, Sala A, expte. COM 7713/2022, 27/12/2024) trabajan la misma cuestión desde dos ángulos.

M. sostiene que las cuotas diferenciadas por edad solo pueden fijarse al contratar y que la relación de tres a uno no es un techo dentro del cual cualquier aumento sea legítimo. H. admite el aumento pactado, pero pone en cabeza de la prepaga la prueba de la relación de tres a uno y de la autorización.

La guía hermana sobre aumento de cuota por cambio de franja etaria desarrolla estos criterios con más detalle.

Baja de integrantes del grupo, daño punitivo y costas

Otros dos puntos del análisis tienen respaldo en fallos. Si se dan de baja integrantes del grupo y la cuota no se readecúa, D'U., A. N. c/ Cobensil S.A. (CNCom, Sala C, expte. COM 12456/2022, 19/11/2024) ordenó reducirla al valor de un solo afiliado y devolver el excedente, y consideró que el derrotero de reclamos por una baja sencilla justificaba el daño punitivo.

La prueba del monto exacto no puede perjudicar al afiliado si la información la tiene la prepaga.

El daño punitivo, en cambio, no es automático ni siquiera cuando el aumento es abusivo.

En C., A. y otro c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (CNCom, Sala B, expte. COM 12979/2024, 15/07/2026) la Sala B mantuvo la condena a dejar sin efecto los aumentos desde junio de 2024, limitarlos al IPC y restituir lo cobrado en exceso, pero no concedió la multa civil porque no se probó dolo o culpa grave: la prepaga pudo entender razonablemente que el nuevo régimen la habilitaba a fijar precios sin una pauta precisa.

Sobre costas y objeto del amparo, D., Axel dejó en claro que la adecuación de la cuota por el acuerdo o por medidas administrativas durante el proceso no exime a la prepaga de las costas. En ese caso la sentencia que la Cámara revisó había constatado un aumento del 234,67% entre diciembre de 2023 y abril de 2024.

Documentación para evaluar el caso

Para analizar tu situación necesitamos que reúnas estos documentos:

• Facturas de la prepaga con el detalle de cada aumento aplicado desde enero de 2024.
• Recibos de haberes o constancia de ingresos, para acreditar el impacto económico del aumento.
• El contrato o condiciones del plan contratado originalmente.
• Reclamos previos ante la prepaga o ante la Superintendencia de Servicios de Salud, si los hubo.

Preguntas frecuentes