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La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad genética progresiva que, sin tratamiento, reduce de forma acelerada la función muscular. Los avances terapéuticos de los últimos años —N., R., Zolgensma— cambiaron radicalmente el pronóstico, pero también generaron un nuevo tipo de conflicto: qué pasa cuando el tratamiento inicial debe cambiarse por otro. Acá vas a ver el marco regulatorio, un caso resuelto y cómo reclamar.
La Resolución 1234/2023 del Ministerio de Salud creó la Comisión Nacional para Pacientes con Atrofia Muscular Espinal (CONAME). Su tarea es evaluar si los pacientes cumplen los requisitos clínicos, genéticos y de edad para acceder al tratamiento con N., y definir los criterios de cobertura para Zolgensma, limitado a AME tipo I en menores de 9 meses sin ventilación invasiva.
Al ser la AME una enfermedad poco frecuente, se suma además el marco general de la Ley 26.689, cuyo artículo 1 fija como objeto promover el cuidado integral de la salud de las personas con estas patologías. Los dos marcos conviven y se invocan juntos en el reclamo.
En «F., B. c/ Swiss Medical SA s/ amparo de salud» (Juzgado Civil y Comercial Federal 10, Expte. CCF 017382/2023, sentencia del 14/11/2025), un paciente con AME que usaba silla de ruedas desde los 6 años inició tratamiento con N. en 2020. Tuvo que interrumpirlo en 2022 tras sufrir un edema epidural que le provocó lumbociatalgia y vejiga neurogénica.
Su neuróloga, buscando una alternativa menos invasiva, le indicó la transición a Risdiplam (Evrysdi), de administración oral, con un costo de más de seis millones de pesos por frasco. Swiss Medical se resistió, alegando que la complicación con N. era una consecuencia «esperable y prevista en el prospecto del medicamento» y que el cambio no estaba científicamente justificado.
Complicación prevista en el prospecto no es lo mismo que complicación que deba tolerarse indefinidamente
Que un efecto adverso figure como posible en el prospecto de un medicamento no significa que el paciente deba continuar ese tratamiento pese a sufrirlo: la decisión de cambiar de esquema, fundada por el médico tratante, tiene respaldo clínico propio.
Tratamiento inicial autorizado no es lo mismo que obligación de mantenerlo para siempre
La autorización original de un medicamento no cierra la puerta a un cambio posterior, cuando las circunstancias clínicas del paciente lo justifican, según indique el equipo tratante.
Vía oral más costosa no es lo mismo que elección sin fundamento médico
Un cambio a una alternativa de administración más simple (oral en lugar de intratecal, por ejemplo) no es, por sí solo, un cambio caprichoso: puede responder a razones médicas concretas de tolerancia y complicaciones previas, como en el caso citado.
La sentencia de «F., B. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo de salud» (Juzgado Civil y Comercial Federal 10, Expte. CCF 17382/2023, 14/11/2025) fue mixta, y conviene leerla completa porque muestra qué se gana y qué no se gana con esta vía. El juzgado ordenó cubrir íntegramente el risdiplam indicado por la médica tratante y mantuvo el cuidador domiciliario permanente las 24 horas. Rechazó, en cambio, la cobertura en abstracto de prestaciones futuras y el reintegro de gastos, y no se pronunció sobre los traslados en vehículos adaptados porque el paciente no había acompañado prescripción médica ni reclamo previo a la prepaga.
Sobre la medicación, la sentencia se apoyó en la prescripción de quien lleva el tratamiento y en el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que recordó que el profesional idóneo para indicar los cuidados de un enfermo es su médico tratante. Sumó que la prepaga no presentó prueba alguna que desvirtuara lo dicho por el amparista. También citó la doctrina de la Cámara según la cual no es aconsejable alterar tratamientos que ya tuvieron principio de ejecución.
Un punto de interés práctico es el certificado de discapacidad. La prepaga puede intentar limitar la cobertura a lo que el certificado menciona, pero el juzgado recogió el criterio de las tres Salas de la Cámara: el certificado no circunscribe taxativamente el derecho de la persona, porque quien lo emite no puede anticipar los medios curativos y paliativos que la patología exigirá más adelante. Limitar así la medicación atenta contra el principio de integralidad de la Ley 24.901.
Para el cuidador domiciliario, la sentencia fijó el alcance con el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que usó como parámetro del módulo «Hogar Permanente con Centro de Día», categoría A, con el 35 % por dependencia. Esa equiparación rige hasta que el Ministerio de Salud fije un valor propio para la figura. Si la prepaga no cuenta con prestadores, el afiliado puede elegir uno externo.
Lo que el amparo no cubre
El juzgado rechazó la cobertura en abstracto de prestaciones futuras que todavía no fueron indicadas ni negadas: sin un gravamen actual no hay amparo, y quedan abiertos los remedios ordinarios si la negativa llega después. También rechazó el reintegro de lo que el paciente pague de su bolsillo, por ser una cuestión patrimonial que excede esta vía y debe discutirse en otro proceso.
De ahí sale una pauta para ordenar el reclamo. Conviene pedir solo lo que ya fue indicado por escrito y negado o no autorizado, con cada negativa documentada, y guardar los comprobantes de lo que se pague mientras tanto para reclamarlo por la vía correspondiente. Pedir de entrada una cobertura genérica de «todo lo vinculado a la patología» es la parte de la demanda que, en este precedente, no prosperó.
El reclamo se apoya en la indicación del equipo tratante y en la documentación de la complicación previa, si la hubo. Conviene actuar en este orden:
Para evaluar el caso necesitamos esta documentación:
No debería, si la complicación está médicamente documentada y el cambio tiene fundamento clínico: que el efecto adverso figure en el prospecto no obliga a sostener el mismo tratamiento indefinidamente.
Es la Comisión Nacional para Pacientes con Atrofia Muscular Espinal, creada por la Resolución 1234/2023, que evalúa si un paciente cumple los criterios clínicos para acceder a ciertos tratamientos como N.. Conviene verificar si tu caso pasó por esa evaluación, dado que puede ser parte del circuito de acceso.
No. El costo o la vía de administración no determinan por sí solos la validez médica del tratamiento; lo relevante es el fundamento clínico de la indicación.
Sí. Al ser una enfermedad poco frecuente, se aplica el marco general de la Ley 26.689 además de la normativa específica sobre estos tratamientos.
Dada la progresión de la enfermedad y el riesgo de pérdida funcional irreversible, estos casos suelen tramitarse con medida cautelar y resolverse en pocas semanas cuando la urgencia está bien documentada.
No. Según la sentencia de «F., B. c/ Swiss Medical S.A.» (Juzgado Civil y Comercial Federal 10, 14/11/2025), el certificado no limita de manera taxativa lo que se cubre, y reducir la medicación a lo que menciona atenta contra la integralidad que reconoce la Ley 24.901. Lo que sí hace falta es que la prescripción venga de tu médico tratante.
Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:
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