Me ejecuta una SGR por una contragarantía: cómo funciona y qué se discute

Cómo funciona la garantía de una SGR

La SGR no presta dinero directamente a la PyME. Su función, regulada por la Ley 25.300, es emitir una garantía —un aval— que el banco acepta como respaldo del crédito que sí otorga. Gracias a ese aval, la empresa suele acceder a una tasa mejor y a un crédito que, sin la garantía de la SGR, tal vez no hubiera conseguido.

A cambio de esa garantía, la SGR le exige a la empresa —y habitualmente también a sus socios, como fiadores personales— que firme una contragarantía: el compromiso de devolverle todo lo que ella eventualmente tenga que pagarle al banco si la empresa no cumple. Ese instrumento es, después, el título con el que te ejecutan.

El mecanismo completo tiene tres tiempos:

1. La SGR garantiza el crédito bancario de la empresa.
2. La empresa no paga el crédito al banco.
3. El banco ejecuta la garantía y cobra de la SGR. En ese mismo momento, la SGR se convierte en acreedora de la empresa y de quienes firmaron la contragarantía, por el monto que tuvo que pagar más los gastos e intereses que el contrato de contragarantía suele prever.

Tener claro este orden evita un error frecuente: creer que el problema «ya se pagó» porque el banco dejó de reclamar. En realidad, la deuda simplemente cambió de acreedor, del banco a la SGR, y normalmente con condiciones propias (intereses, comisiones, gastos de gestión) que hay que revisar en detalle. Lo que puede reclamarte antes de llegar al juicio está explicado en la guía sobre la deuda con la SGR después del pago.

Qué se discute en estos juicios: firma, monto e intereses

Las ejecuciones de una SGR llegan habitualmente con un título propio —el instrumento de contragarantía, muchas veces un pagaré o un contrato con cláusula ejecutiva— y con una liquidación que la SGR presenta como definitiva. Que la presente así no la vuelve indiscutible: hay tres frentes que conviene mirar con atención.

La instrumentación de la firma. Buena parte de la contratación con SGR se firma hoy de forma digital o con firma electrónica, no ológrafa sobre papel. Por eso se revisa siempre cómo se instrumentó esa firma: qué plataforma se usó, si hubo verificación de identidad y si el contrato prevé expresamente su valor probatorio. De eso depende la fuerza ejecutiva real del instrumento.

El monto reclamado. La SGR liquida lo que pagó al banco, más los gastos, comisiones y honorarios que haya tenido que afrontar y los intereses pactados en la contragarantía. Cada uno de esos rubros tiene que estar respaldado: cuánto pagó realmente al banco, en qué fecha, y si los intereses coinciden con lo pactado en el contrato original y no con una tasa distinta aplicada después.

Los intereses. Es frecuente que entre la fecha en que la SGR pagó al banco y la de la demanda hayan pasado meses o años, con intereses que se acumulan sobre el capital. Revisar la tasa aplicada, el punto de partida del cómputo y si hay anatocismo (interés sobre interés) no admitido es un trabajo de aritmética que muchas veces reduce sensiblemente el monto reclamado.

Los fiadores personales, casi siempre en el mismo expediente

La contragarantía casi nunca se limita a la empresa: es habitual que los socios o directores la hayan firmado también como fiadores personales, muchas veces con renuncia al beneficio de excusión. Esa renuncia significa que el fiador no puede exigir que primero se persiga a la empresa: la SGR puede reclamarle directamente a él, sin esperar el resultado contra la sociedad.

En la práctica, buena parte de estas ejecuciones avanzan al mismo tiempo contra la empresa y contra las personas que la integran. Por eso conviene coordinar la defensa de ambos frentes desde el principio. Las defensas propias de quien firmó como fiador están en la guía de defensa del fiador de empresa.

Distinciones que cambian el resultado

Cómo se aborda el caso y qué documentación traer

El trabajo arranca por reconstruir la operación entera, no solo por leer la demanda. Este es el orden en que se aborda:

1. Reconstrucción del mecanismo completo: qué crédito garantizó la SGR, cuánto pagó al banco y cuándo.
2. Revisión de la instrumentación de la firma, incluida la firma electrónica, contra el contrato de contragarantía.
3. Auditoría de la liquidación: capital, gastos, comisiones e intereses aplicados, rubro por rubro.
4. Identificación de todos los codemandados (empresa y fiadores personales) y coordinación de sus defensas.
5. Planteo de las defensas que correspondan dentro del plazo del proceso, con la prueba documental completa.

Para la consulta, conviene traer:

• El contrato de contragarantía firmado con la SGR y el instrumento ejecutado (pagaré o similar).
• La demanda y la liquidación practicada por la SGR.
• El contrato del crédito bancario original que la SGR garantizó.
• Cualquier comprobante sobre cómo se firmó digitalmente el instrumento, si fue el caso.

Preguntas frecuentes