¿Qué valor tiene una declaración jurada de domicilio hecha en un formulario preimpreso?

Qué se discutía en el caso

Tras fracasar la intimación de pago en la Ciudad de Buenos Aires y verificarse que el demandado tenía su domicilio en extraña jurisdicción, el juez de grado se inhibió de oficio para seguir entendiendo en la causa, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. La actora apeló, invocando entre otros argumentos la declaración jurada de domicilio y destino de fondos que había acompañado al iniciar la demanda, en la que el propio deudor habría declarado un domicilio distinto y un destino ajeno al consumo.

Qué resolvió el tribunal

La Cámara confirmó la incompetencia. Sobre la declaración jurada, fue terminante: "no cambia las cosas la declaración jurada allegada, puesto que en línea concordante con el Ministerio Público Fiscal, resulta desdeñable por tratarse de un documento preimpreso al cual pretende asignársele entidad para inhabilitar la tuitiva consumeril", citando el artículo 1117 del Código Civil y Comercial, que regula los contratos de consumo celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas. Agregó, además, un punto que amplía el alcance de la protección: la operación de crédito para consumo del artículo 36 de la Ley 24.240 no es materia exclusiva de bancos o financieras reguladas, sino que puede ejercerla "objeto de actividad hacendal" cualquier persona física o jurídica que sea "proveedor" en los términos del artículo 2 de esa ley. Y consideró que el hecho de que la demandada trabajara en relación de dependencia —dato que surgía del propio pedido de embargo de haberes de la actora— "robustece el enmarcamiento tutelar" en las normas de protección al consumidor.

El criterio que se extrae

Un formulario estandarizado y prerredactado por el propio acreedor, que el deudor simplemente firma sin negociar su contenido, no tiene el mismo peso que una manifestación verdaderamente informada y consentida. Cuando ese formulario se usa precisamente para blindar al acreedor contra la aplicación de la ley de consumo —declarando, por ejemplo, que el dinero fue a un emprendimiento y no a consumo personal—, la Cámara lo mira con desconfianza estructural, apoyada en la lógica de los contratos de adhesión: quien redacta unilateralmente las cláusulas no puede después invocarlas como si fueran la voluntad genuina y negociada de la otra parte.

Cómo se usa en un expediente

Si te ejecuta una financiera que acompaña una "declaración jurada de destino de fondos" con formato preimpreso, conviene señalar expresamente esa característica —que es un formulario estandarizado que vos no redactaste ni pudiste negociar— y pedir que se la valore con el mismo criterio restrictivo de este fallo. También conviene revisar si el acreedor puede ser calificado como "proveedor" en términos amplios del artículo 2 de la Ley 24.240, sin limitarse a pensar que la protección de consumo aplica solo frente a bancos.

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