Art. 36 in fine Ley 24.240: la competencia del domicilio real del consumidor

Comentario

El párrafo distingue dos escenarios con reglas opuestas. Cuando demanda el consumidor —por ejemplo, para reclamar un daño o pedir la nulidad de una cláusula—, la ley le da un abanico amplio de fueros posibles a su elección: el del lugar de consumo, el de celebración del contrato, el de su propio domicilio, el del demandado o el de la aseguradora citada en garantía. Es una protección pensada para que el consumidor pueda litigar donde le resulte más cómodo.

Cuando, en cambio, demanda el proveedor —el escenario típico de una ejecución de pagaré—, la regla se invierte y se vuelve estricta: es competente, sin alternativas, el domicilio real del consumidor. Y la norma no se conforma con fijar esa regla: agrega expresamente que es nulo cualquier pacto en contrario. Esa frase final es la que anula, de raíz, las cláusulas de prórroga de jurisdicción que muchos contratos de crédito incluían (y siguen incluyendo) para fijar como único fuero posible el de la Ciudad de Buenos Aires u otra plaza conveniente para el acreedor.

La razón de este diseño es evidente si se piensa en la asimetría del proceso ejecutivo: litigar lejos de casa, con plazos de días para presentarse, es en la práctica litigar sin poder defenderse. Un consumidor demandado en una jurisdicción a la que no puede viajar, o donde no conoce abogados, termina en rebeldía casi por definición —y la sentencia en rebeldía, para el acreedor, es tan cobrable como cualquier otra. Esta norma corta ese mecanismo desde la raíz: si el proveedor quiere demandar, tiene que hacerlo donde el consumidor efectivamente puede defenderse.

La aplicación práctica de esta regla tuvo un desarrollo jurisprudencial decisivo: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, reunida en pleno en 2011, habilitó a los jueces a indagar de oficio si detrás de un título cambiario había una relación de consumo, precisamente para poder aplicar esta regla de competencia aun cuando el pagaré, por su abstracción, no lo mostrara a simple vista. Desde entonces, la práctica de demandar consumidores lejos de su domicilio real quedó mucho más acotada, aunque no eliminada: sigue exigiendo que la relación de consumo se acredite y que el consumidor —o el juez de oficio— lo plantee.

Cómo se usa en la práctica

Cuando un consumidor es ejecutado en una jurisdicción distinta de la de su domicilio real, esta norma es la base de la excepción de incompetencia, que se opone dentro del plazo de excepciones del juicio ejecutivo junto con la prueba del domicilio real y de la relación de consumo. El desarrollo completo de esta estrategia, con sus requisitos y su prueba, está en la guía práctica de incompetencia territorial de este sitio.

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