Arts. 22-23: programa de integridad
Un código de ética, reglas para licitaciones y capacitaciones periódicas: los tres elementos mínimos que debe tener un programa de integridad.
Normativa comentada
Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, comentada
Desde 2018, una empresa argentina puede ser penalmente responsable —no solo civilmente, no solo la persona humana que actuó— por un catálogo específico de delitos cometidos en su nombre, interés o beneficio. Es la primera ley argentina que trae este régimen, y trae también su contracara: un incentivo concreto para prevenir, detectar y corregir estos delitos antes de que ocurran.
Fichas de este cuerpo
Art. 9: exención de pena
Autodenuncia espontánea, programa de integridad previo al hecho, y devolución del beneficio: las 3 condiciones simultáneas para quedar exenta.
Los delitos que activan este régimen
La ley alcanza solo un catálogo cerrado, todos vinculados con la relación entre la empresa y el Estado: cohecho y tráfico de influencias (nacional y transnacional), negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios, y balances e informes falsos agravados.
Cuándo responde la empresa, y cuándo no
Actuación en beneficio de la empresa no es lo mismo que Actuación en beneficio exclusivo del individuo
La empresa responde cuando el delito se cometió, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Queda exenta solo si la persona humana actuó en su exclusivo beneficio, sin generar ningún provecho para la empresa.
Responsabilidad de la empresa no es lo mismo que Identificación del responsable individual
La empresa puede ser condenada aunque no se haya podido identificar o juzgar a la persona humana que intervino, si las circunstancias permiten establecer que el delito no podría haberse cometido sin la tolerancia de sus órganos.
Las penas, y qué pasa si la empresa se reorganiza
Las penas van desde una multa de dos a cinco veces el beneficio indebido obtenido o que se hubiera podido obtener, hasta la suspensión de actividades o de la posibilidad de contratar con el Estado (ambas por hasta diez años), la pérdida de beneficios estatales, la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria, e incluso la disolución cuando la empresa se creó solo para cometer el delito. Un dato relevante para cualquier proceso de fusión o reorganización: la responsabilidad penal se transmite a la sociedad resultante o absorbente, y subsiste incluso si la continuación de la actividad es solo encubierta o aparente, manteniendo la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados.
Cómo se gradúa la pena, y dos protecciones a tener presentes
Para graduar las penas, los jueces evalúan un conjunto amplio de factores: el incumplimiento de reglas internas, la jerarquía de quienes participaron, la omisión de vigilancia, la extensión del daño, el monto involucrado, el tamaño y capacidad económica de la empresa, la denuncia espontánea, el comportamiento posterior, la disposición a reparar el daño, y la reincidencia —que se configura cuando la empresa vuelve a ser sancionada dentro de los tres años de una condena anterior firme—. La ley agrega dos protecciones concretas: cuando sea indispensable mantener la continuidad operativa de la empresa, de una obra o de un servicio, no se aplican la suspensión de actividades ni la disolución; y el juez puede fraccionar el pago de la multa hasta en cinco años cuando un pago único pusiera en peligro la supervivencia de la empresa o los puestos de trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Cualquier delito cometido por un empleado hace responsable penalmente a la empresa?
No: solo el catálogo específico de esta ley (cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios, balances falsos agravados), y siempre que el hecho se haya cometido con intervención de la empresa o en su nombre, interés o beneficio.
Si compramos una empresa que después resulta tener responsabilidad penal por hechos anteriores, ¿la heredamos?
Sí, como regla: en los casos de transformación, fusión, absorción o escisión, la responsabilidad se transmite a la persona jurídica resultante o absorbente.
¿En cuánto tiempo prescribe la acción penal contra una empresa bajo este régimen?
A los seis años de la comisión del delito, aplicándose las reglas de suspensión e interrupción del Código Penal.
Fuentes oficiales
Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:
Conti Abogados — Ciudad de Buenos Aires
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