Ley de Tarjetas de Crédito (25.065), comentada

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El sistema de tarjeta de crédito y sus definiciones básicas —emisor, titular, usuario, tarjeta de compra o de débito, proveedor— están en el artículo 1, con su redacción actual sustituida por el DNU 70/2023. Esta ley es, de hecho, una de las normas donde ese decreto dejó más huella fuera del ámbito laboral: además del artículo 1 y del inciso a del artículo 2, sustituyó los artículos 4, 15, 18, 22 y 25, derogó los artículos 5, 7, 8, 9, 17, 32 y 35, y eliminó dos incisos completos del artículo 14. El artículo 14 declara nulas las cláusulas más lesivas para el titular —desde la renuncia a derechos hasta la habilitación directa de la vía ejecutiva— y fija junto con el artículo 16 el límite a los intereses que el emisor puede cobrar. El artículo 26 regula el procedimiento para impugnar un cargo del resumen que el titular considera incorrecto, con plazos precisos para cada parte, incluida la protección de que el emisor no puede bloquear la tarjeta mientras dura ese trámite.

Por qué la deuda de tarjeta no se cobra como un pagaré

Un punto que conviene destacar porque suele prestarse a confusión: el artículo 14, inciso h, prohíbe expresamente las cláusulas que habiliten directamente la vía ejecutiva por deudas de tarjeta. Eso no significa que el emisor no pueda cobrar judicialmente una deuda impaga, sino que la ley le exige, en su artículo 39, un procedimiento previo de preparación de esa vía: pedir el reconocimiento judicial tanto del contrato de emisión como de un resumen de cuenta que reúna todos los requisitos legales, y acompañar declaraciones juradas sobre la inexistencia de denuncias por pérdida o sustracción de la tarjeta y de impugnaciones válidas previas a la mora. Es un control judicial más exigente que el de un pagaré, precisamente por el desequilibrio de información que suele existir entre el emisor y el titular.

Una ley que convive con otras dos capas de protección

Ningún conflicto de tarjeta de crédito se analiza mirando solamente esta ley de forma aislada. Por un lado, el artículo 3 la conecta de manera expresa y supletoria con el Código Civil y Comercial y con la Ley de Defensa del Consumidor, así que instituciones generales de esos cuerpos —como la interpretación a favor del consumidor o el deber de información— se aplican igual cuando esta ley específica no da una respuesta puntual. Por otro lado, buena parte de la operatoria diaria de tarjetas está sujeta además a la regulación del Banco Central de la República Argentina, que fija aspectos técnicos como los promedios de tasas que sirven de referencia para el tope de intereses del artículo 16. Entender estas tres capas —la ley especial, el derecho común y consumeril, y la regulación del Banco Central— es indispensable para evaluar con precisión cualquier reclamo real sobre una tarjeta de crédito, en lugar de quedarse solo con el texto aislado de un artículo.

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