Preservación de la fertilidad
La guía práctica completa sobre la guarda de gametos cuando un tratamiento médico compromete la fertilidad.
Normativa comentada · Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida
Art. 8 Ley 26.862: la cobertura obligatoria, y la prohibición de excluirte por tu orientación o estado civil
Que tu obra social o prepaga te diga que la fertilización asistida "no está en tu plan" no cierra la discusión: la ley la declara una prestación obligatoria para prácticamente todo el sistema de salud argentino, con una cobertura integral y una prohibición expresa de discriminar.
Respuesta directa
El art. 8 de la Ley 26.862 obliga al sector público de salud, a las obras sociales, a la Obra Social del Poder Judicial, a la DAS del Congreso, a las entidades de medicina prepaga y a todo agente de salud a incorporar como prestación obligatoria la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyo y los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida que define la Organización Mundial de la Salud, con gametos del cónyuge, de la pareja conviviente o no, o de un donante. Estas prestaciones quedan incorporadas al Programa Médico Obligatorio, y la autoridad de aplicación no puede introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión por orientación sexual o estado civil de los destinatarios. La cobertura alcanza también a la guarda de gametos o tejidos reproductivos, incluso para menores de 18 años, cuando un tratamiento médico o una intervención quirúrgica pueda comprometer su capacidad de procrear en el futuro.
Texto oficial vigente
Cobertura obligatoria de los procedimientos de reproducción médicamente asistida
ARTICULO 8° — Cobertura. El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida [...]. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos [...] con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.
Fuente: Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida — verificado el 2026-09-14.
Comentario
El art. 8 tiene un alcance subjetivo amplísimo: alcanza al sector público de salud, a las obras sociales de las Leyes 23.660 y 23.661, a la Obra Social del Poder Judicial, a la Dirección de Ayuda Social del Congreso, a las entidades de medicina prepaga, a las entidades de personal universitario, y —una cláusula de cierre que no deja huecos— a todo agente que brinde servicios médico-asistenciales, cualquiera sea su figura jurídica. Prácticamente ningún actor del sistema de salud argentino queda afuera.
La cobertura que exige es integral e interdisciplinaria: abordaje, diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo, y los procedimientos y técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como reproducción médicamente asistida —desde la inducción de ovulación hasta la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal—. Un punto que vale la pena resaltar: la cobertura alcanza a la inseminación con gametos del cónyuge, de la pareja conviviente o no, o de un donante, sin distinguir entre vínculos formalizados e informales.
La cláusula más determinante del artículo es la última: la autoridad de aplicación no puede introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios. No es una recomendación de buenas prácticas: es un límite legal expreso a cómo puede reglamentarse esta cobertura, que cierra la puerta a que una obra social o prepaga condicione el acceso al estado civil o a la orientación sexual de quien lo solicita.
El artículo agrega una cobertura distinta, pero igual de relevante: la guarda de gametos o tejidos reproductivos, para personas —incluso menores de 18 años— que, sin buscar un embarazo inmediato, puedan ver comprometida su capacidad de procrear en el futuro por un tratamiento médico o una intervención quirúrgica. Es la vía legal para preservar la fertilidad antes de un tratamiento que pueda afectarla.
Cómo se usa en la práctica
Si tu obra social o prepaga te niega (o pone trabas a) la cobertura de un tratamiento de fertilización asistida, o te pide requisitos vinculados a tu estado civil u orientación sexual, esa negativa no se ajusta a lo que exige esta ley. La guía completa sobre cómo reclamar está en mi obra social o prepaga no cubre la fertilización asistida de este sitio, y la guía sobre preservación de fertilidad está en preservar mi fertilidad antes de un tratamiento médico.
Preguntas frecuentes
Mi prepaga me dice que esta cobertura no aplica porque no estoy casada, ¿es legal esa negativa?
No: la ley prohíbe expresamente introducir requisitos o limitaciones que impliquen exclusión por el estado civil de los destinatarios.
Voy a empezar una quimioterapia que puede afectar mi fertilidad, ¿tengo cobertura para preservar óvulos o espermatozoides antes?
Sí: la ley incluye expresamente la guarda de gametos o tejidos reproductivos para quien pueda ver comprometida su capacidad de procrear por un tratamiento médico o una intervención quirúrgica, incluso siendo menor de 18 años.
¿La cobertura de fertilización asistida es distinta según sea sector público, obra social o prepaga?
El estándar de cobertura integral que fija la ley alcanza a los tres: sector público, obras sociales y prepagas están todos obligados por el mismo artículo.
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