El Estado me causó un daño: cuándo responde y qué hay que probar

Qué hay que probar para que el Estado responda

Reclamarle un daño al Estado exige acreditar tres cosas, sea que el perjuicio venga de un obrar ilegítimo o de uno legítimo. La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal las repasó en S., citando la doctrina de la Corte: un daño cierto, una relación de causalidad directa entre la conducta u omisión estatal y ese daño, y la posibilidad de imputar jurídicamente el daño al Estado.

La causalidad es donde más reclamos se caen. El tribunal exigió un nexo «adecuado, directo e inmediato» y rechazó la demanda porque el perjuicio de ese actor, haber tenido que renunciar a un cargo municipal, no provenía de la actuación irregular del organismo previsional sino de un régimen de incompatibilidades que nadie había impugnado. Probar que el Estado se equivocó no alcanza: hay que probar que ese error causó el daño.

Cuando el reclamo es por falta de servicio, la idea es que el organismo prestó su función de manera irregular o no la prestó, y que ese defecto dañó a una persona concreta. En los fallos que leímos, la Cámara pide identificar con claridad cuál fue esa actividad irregular y qué daño produjo. Una demanda que describe agravios en general, sin señalar la omisión o la conducta puntual, corre el riesgo de rechazarse antes de discutir el fondo.

Responsabilidad por actividad ilegítima: deber de seguridad y falta de servicio

El caso de la tragedia de República Cromañón muestra cómo se arma la responsabilidad estatal por omisiones de control. En D. y B., la Cámara confirmó condenas contra el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad por daño psíquico, daño moral y gastos médicos de sobrevivientes. Son sentencias dictadas casi veinte años después de los hechos, un dato que conviene tener presente sobre los tiempos.

En D., la Sala III declaró que la responsabilidad de los demandados es concurrente: la víctima puede exigir el pago total a cualquiera de ellos, y entre sí se reparten la condena en la proporción que fijó el tribunal, 35 % a cargo de cada una de las dos administraciones y 30 % a cargo de los particulares, con acciones de regreso entre los obligados.

Otra lógica aparece en Fernández, donde la Sala II analizó el daño que sufrió una agente de la Fuerza Aérea por las tareas del servicio. La Cámara tuvo por probado el incumplimiento del deber de seguridad del empleador estatal, una responsabilidad objetiva de la que el Estado solo se libera acreditando caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima. Además, admitió una reparación por derecho común sin perjuicio del haber de retiro que ya percibía.

Responsabilidad por actividad legítima: el sacrificio especial

El Estado también puede deber una reparación cuando actúa dentro de la ley, pero la Cámara la concede de manera excepcional. Quien reclama por actividad lícita debe acreditar un sacrificio especial, es decir, una carga que no se reparte entre todos y que recae sobre él en particular, y además que no tenía el deber jurídico de soportarla. Así lo recordó el juez de primera instancia en S., con la Sala V en igual marco.

El terreno donde más se discute esto es la prisión preventiva seguida de absolución. En L., la Sala IV aplicó el artículo 5 de la ley 26.944, que dispone que los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan indemnización, y explicó que la Corte reconoce reparación solo cuando la preventiva resultó incuestionablemente infundada o arbitraria.

Ese criterio se repite en M., de la Sala II. La absolución posterior no basta por sí sola: según la sentencia de grado que la Sala reseña, si se debió a insuficiencia de prueba o a que el fiscal no sostuvo la acusación, la medida cautelar no queda descalificada. La Sala IV agregó en L. que quien dice no cuestionar la validez de la medida no puede después reclamar por sus efectos como si fueran un sacrificio especial.

Cómo se plantea el reclamo, paso a paso

Antes de demandar, conviene ordenar la prueba del daño y de su causa. Estos son los pasos que seguimos en general:

1. Identificá la conducta estatal puntual. Qué hizo o dejó de hacer el organismo, en qué fecha y a cargo de quién. La imputación genérica es el primer escollo que marcan las cámaras.
2. Documentá el daño. Historia clínica, pericias, facturas, recibos de sueldo, constancias de gastos. Los gastos médicos y de traslado pueden reconocerse sin comprobantes de cada erogación cuando las lesiones los hacen presumibles, como se vio en B..
3. Armá el nexo causal. Explicá por qué el daño es consecuencia directa de la conducta y no de otra norma o decisión, como pasó en S..
4. Verificá los requisitos previos y los plazos. El reclamo administrativo previo y los plazos dependen de qué pretendas; los repasamos en la guía sobre el plazo para demandar al Estado y en la de recursos contra actos administrativos.
5. Demandá a todos los posibles responsables. En los casos concurrentes, la víctima puede cobrar a cualquiera de los condenados y ellos se repartirán luego la deuda.

Qué rubros se reconocen y cómo se cuantifican

Los fallos de la Cámara distinguen el daño psicológico del daño moral. El primero exige una patología diagnosticable, acreditada por pericia; el segundo se mide por la entidad del sufrimiento y puede presumirse en hechos de gravedad extrema. En D., la Sala III confirmó el daño psíquico a partir de pericias que no habían sido rebatidas con elementos de igual rigor técnico, y reconoció también el costo del tratamiento recomendado.

Los montos los fija el juez con prudencia, conforme al artículo 165 del Código Procesal, cuando no hay una base matemática. En B., la Sala IV redujo las sumas del primer fallo en función del porcentaje de incapacidad determinado, y en Fernández la jueza de grado fijó un monto global por daño físico y psíquico porque el fallecimiento de la actora impidió producir la pericia. Cuanto mejor documentado esté el daño, menos margen hay para recortes.

Las costas se imponen, como regla, a quien resulta vencido. En D., el Estado y la Ciudad cargaron con las de alzada por resultar sustancialmente vencidos; en S., el actor que perdió; y en L. y en B., donde hubo derrota parcial o duda razonable para litigar, se impusieron por su orden. Por eso la evaluación inicial del caso incluye el riesgo de costas, no solo el monto que podría obtenerse.

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