Art. 33 Ley 26.061: la pobreza nunca justifica separar a un niño de su familia

Comentario

El artículo define a las medidas de protección como un mecanismo administrativo (no judicial en su origen), a cargo del órgano competente de cada jurisdicción, cuyo objetivo es preservar, restituir o reparar derechos amenazados o violados —no castigar a la familia ni sustituirla por el Estado—. La amenaza puede venir de cualquier lado: del propio Estado, de la sociedad, de particulares, de los padres o responsables, o hasta de la propia conducta del niño, niña o adolescente. Es un concepto amplio a propósito, porque busca cubrir la variedad real de situaciones donde los derechos de un niño pueden verse comprometidos.

El párrafo final es, en la práctica, el más importante del artículo, y responde a una historia concreta: durante décadas, bajo el régimen del "Patronato" que esta ley reemplazó, la pobreza de una familia era, en los hechos, motivo suficiente para institucionalizar a sus hijos. La Ley 26.061 lo prohíbe expresamente: la falta de recursos materiales —sea circunstancial, transitoria o permanente— no autoriza separar al niño de su familia nuclear, ampliada, o de las personas con las que mantiene lazos afectivos, ni su institucionalización. El art. 35 refuerza esta lógica: cuando la amenaza a los derechos del niño viene de necesidades básicas insatisfechas o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, la medida de protección correcta son programas de ayuda y apoyo, incluido económico, no la separación.

Esto no significa que nunca pueda haber una separación: cuando corresponde, la ley la regula bajo el régimen mucho más estricto de las "medidas excepcionales" (arts. 39 y 40), reservado para cuando el niño ya está privado de su medio familiar o su interés superior exige que no permanezca en él, con control judicial obligatorio de legalidad dentro de las 72 horas. Las medidas ordinarias del art. 33, en cambio, priorizan siempre preservar y fortalecer los vínculos familiares existentes (art. 35), y ni siquiera pueden consistir en una privación de la libertad (art. 36).

Cómo se usa en la práctica

Si te encontrás en una situación de vulnerabilidad económica y temés que eso se use como argumento para separar a tu hijo de la familia, este artículo es tu respaldo legal directo: la ley prohíbe expresamente ese fundamento. Lo que corresponde, en cambio, es solicitar los programas de apoyo y asistencia (becas, apoyo escolar, asistencia económica) que la propia ley prevé como la respuesta correcta a esas dificultades.

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