Me llegó una intimación o una determinación de oficio de ARCA: plazos y cómo defenderse

Qué es una determinación de oficio y cómo llega

La determinación de oficio es el acto por el cual ARCA, después de fiscalizar, establece cuánto impuesto considera que debiste ingresar. Suele incluir intereses resarcitorios y, cuando entiende que hubo una infracción, una multa. Antes de dictarla tiene que correrte vista de los cargos, para que contestes y ofrezcas prueba.

La intimación es más simple: un requerimiento para que presentes una declaración jurada, ingreses un saldo o aclares una diferencia detectada por cruce de datos. No siempre es una determinación, pero ignorarla es el camino más corto hacia una. Cada comunicación tiene que leerse completa, porque su texto indica qué se pide y en qué plazo.

El punto de partida es siempre la notificación. Los contribuyentes tienen domicilio fiscal electrónico obligatorio y, según el artículo 100, inciso g, de la ley 11.683 y el que sigue al artículo 3°, las notificaciones que allí se practiquen son plenamente eficaces. Por eso conviene entrar con clave fiscal con frecuencia y dejar autorizado a quien pueda hacerlo.

Plazos de descargo y de recurso

Hay dos momentos para defenderse. El primero es la vista previa a la determinación: ARCA te corre traslado de los cargos y de los papeles de trabajo, y tenés un plazo para contestar y ofrecer prueba. El texto de la vista indica los días que corren; contalos desde la notificación electrónica, no desde que la abriste.

El segundo momento es la resolución determinativa. Contra ella, el artículo 76 de la ley 11.683 da quince días para apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. En el caso de La Romana S.R.L., la Cámara contó esos días desde la notificación electrónica, excluyó un día inhábil del Tribunal Fiscal y un feriado, y declaró extemporáneo un recurso presentado el 4 de marzo de 2022 contra resoluciones notificadas en noviembre de 2021.

Existe también la posibilidad de pedir la reconsideración ante el propio organismo, como alternativa al Tribunal Fiscal. Elegir una vía u otra tiene efectos distintos sobre los plazos y sobre la posterior discusión judicial, por lo que conviene decidirlo con el expediente a la vista y antes de que venza el término más corto.

Si el Tribunal Fiscal resuelve en contra, la sentencia puede apelarse ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal por el artículo 86, inciso b, de la ley 11.683. La Sala III recordó en octubre de 2026 que el término de 30 días del artículo 192 rige para apelar sentencias de fondo, no para los autos que regulan honorarios, que tienen plazo propio.

Qué hacer en orden ante la notificación

1. Fechá la notificación. Descargá el acto desde el domicilio fiscal electrónico y anotá la fecha en que quedó disponible y la de apertura; el plazo corre desde la primera de las dos que se verifique.
2. Pedí y leé el expediente administrativo. Revisá los papeles de trabajo, los requerimientos a terceros, las circularizaciones a bancos y la forma en que se identificó al contribuyente.
3. Armá el descargo con prueba. Documentación contable, contratos, extractos y, si hace falta, una pericia contable ofrecida en tiempo y producida de verdad.
4. Controlá el plazo de recurso. Si la resolución llega firmada, calculá los quince días hábiles y decidí si va Tribunal Fiscal o reconsideración.
5. No dejes el reclamo sin respaldo técnico. Si hay multa en juego, evaluá desde el primer escrito cómo se conecta la discusión del impuesto con la de la sanción.

Qué te toca probar cuando ARCA estima la deuda

Cuando el Fisco no tiene libros ni comprobantes que le permitan conocer con certeza la materia imponible, puede determinar sobre base presunta. Los artículos 16 y 18 de la ley 11.683 lo habilitan a valerse de indicios, como las fluctuaciones patrimoniales y el nivel de vida. Eso no significa discrecionalidad: la propia Cámara recordó que las presunciones no autorizan decisiones discrecionales.

En el caso de Luis R., resuelto por la Sala IV el 22 de octubre de 2026, ARCA presumió ingresos omitidos en Ganancias 2012 a partir de consumos que superaban lo declarado. El Tribunal Fiscal había aceptado que préstamos hipotecarios de 2009 y 2010 los explicaban. La Cámara revocó: no se acreditó el circuito de los fondos ni su nexo con los gastos.

La Sala remarcó que el contribuyente debe aportar la prueba idónea sobre el movimiento de sus cuentas y el origen de lo depositado, y que la pericial contable ofrecida no se produjo porque el actor perdió interés. Dicho simple: si ofrecés una pericia, tiene que hacerse; si se declara decaída, el fallo se apoya en lo que falta.

«es el contribuyente quien debe acompañar la prueba idónea relativa al movimiento de sus cuentas bancarias, a la veracidad de sus operaciones, al origen de las sumas depositadas»

Las defensas de fondo, como la confiscatoriedad del impuesto, también dependen de números. En Scandinavian Outdoors S.A., la Sala IV partió de una pericia contable que mostraba una tasa efectiva del 134,49 % si no se computaba el ajuste por inflación impositivo, y no admitió la postura fiscal por resultar confiscatoria para ese ejercicio.

Errores del procedimiento y límites de la revisión judicial

A veces el expediente tiene un defecto de origen. En el caso de Isabeliano Enrique Cristaldo, la fiscalización se inició con un nombre y una CUIT incorrectos, se pidió información a bancos y registros con esos datos, y luego se corrigió la identificación sin repetir los requerimientos. El Tribunal Fiscal declaró la nulidad y la Sala III, el 6 de octubre de 2026, confirmó.

La Cámara no tomó el error como un detalle menor: sostuvo que las circularizaciones con datos erróneos afectaban la veracidad de lo reunido, en un expediente de fuerte componente fáctico. No cualquier equivocación anula un acto, pero la identidad del sujeto fiscalizado es un dato que merece revisarse en cada caso.

Conviene saber también cuánto puede revisar la Cámara. La Sala III repitió que el recurso del artículo 86, inciso b, tiene un alcance limitado y deja afuera, por principio, el juicio del Tribunal Fiscal sobre los hechos, salvo deficiencias manifiestas en la valoración de la prueba. Por eso la etapa decisiva es la del Tribunal Fiscal: ahí hay que producir toda la prueba.

Si el reclamo se origina en facturas observadas por el Fisco, la discusión tiene otras reglas de prueba. Lo desarrollamos en la guía sobre facturas impugnadas como apócrifas y la base APOC.

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