Ley 26.657 de Salud Mental, comentada: internación involuntaria y control judicial

Un principio que ordena toda la ley: la presunción de capacidad

Antes de entrar en los requisitos de la internación, esta ley fija una regla de base que atraviesa todo su articulado: se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas (art. 3°). El mismo artículo prohíbe expresamente diagnosticar en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de cuestiones como el status político o socioeconómico, las demandas familiares o laborales, la falta de conformidad con valores prevalecientes en la comunidad, la elección o identidad sexual, o la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización previos. Es una norma pensada, en buena medida, para evitar que la salud mental se use como etiqueta para situaciones que en realidad no lo son.

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Qué exige toda internación, sea voluntaria o no

Más allá de las exigencias adicionales de la internación involuntaria, la ley fija requisitos comunes a toda disposición de internación, que tienen que cumplirse dentro de las cuarenta y ocho horas (art. 16°): una evaluación diagnóstica interdisciplinaria firmada por al menos dos profesionales del servicio asistencial, la búsqueda de datos disponibles sobre la identidad y el entorno familiar de la persona, y el consentimiento informado de la persona o de su representante legal cuando corresponda. Ese consentimiento solo es válido si se presta en estado de lucidez y con comprensión real de la situación; si ese estado se pierde durante la internación, el consentimiento queda invalidado y la internación pasa a tratarse, a partir de ese momento, como si fuera involuntaria.

Un catálogo amplio de derechos durante cualquier internación

Más allá de los requisitos puntuales de la internación involuntaria, la ley reconoce a toda persona con padecimiento mental un catálogo extenso de derechos (art. 7°): atención integral y gratuita, tratamiento con la alternativa que menos restrinja sus derechos y libertades, acompañamiento de familiares o allegados antes, durante y después del tratamiento, acceso a su historia clínica, información comprensible sobre su situación y su tratamiento, y —en el caso específico de internación involuntaria o voluntaria prolongada— supervisión periódica de las condiciones de esa internación por parte del órgano de revisión creado por esta misma ley (art. 38°), dependiente del Ministerio Público de la Defensa.

El derecho a un abogado, desde el primer momento

Uno de los derechos más concretos y accionables que reconoce esta ley es el derecho de la persona internada involuntariamente —o de su representante legal— a designar un abogado. Si no lo hace, el Estado tiene que proporcionarle uno desde el momento mismo de la internación (art. 22°). Ese defensor puede oponerse a la internación y pedir la externación en cualquier momento, y el juzgado tiene que permitirle controlar las actuaciones del expediente en todo momento. No es un derecho que aparece recién si la persona lo reclama activamente: la ley lo garantiza de oficio.

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