Art. 21 Ley 26.657: el control judicial obligatorio de la internación involuntaria

Comentario

El artículo fija dos plazos sucesivos, y ambos son cortos de forma deliberada. El primero: la internación involuntaria debidamente fundada tiene que notificarse en diez horas al juez competente y al órgano de revisión creado por esta misma ley. No es un plazo para iniciar el trámite: es el plazo para que la notificación llegue efectivamente a esas dos instancias de control. El segundo: dentro de las cuarenta y ocho horas como máximo, hay que agregar todas las constancias que exige el artículo 20 —el dictamen profesional, la ausencia de alternativa eficaz, el informe de instancias previas—, de forma que el juez cuente con el expediente completo para evaluar la medida.

Una vez notificado, el juez tiene un plazo máximo de tres días corridos para tomar una de tres decisiones posibles. Puede autorizar la internación, si evalúa que están dadas las causales que prevé la ley. Puede requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos —siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento— para evaluar mejor si existen los supuestos necesarios. O puede denegarla, si evalúa que esos supuestos no existen, y en ese caso la norma no deja margen de interpretación: debe asegurar la externación de forma inmediata.

El artículo cierra con una precisión sobre el rol del juez que conviene no perder de vista: el juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria en un supuesto puntual —cuando, cumplidos los requisitos del artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se niega a realizarla. Fuera de ese supuesto específico, el juez no dispone la internación: la controla después de que el equipo de salud ya la dispuso.

Cómo se usa en la práctica

Ante una internación involuntaria, conviene verificar de forma temprana que la notificación al juez y al órgano de revisión efectivamente se haya cursado dentro del plazo de diez horas, y que el expediente completo llegue al juzgado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. El plazo de tres días corridos que tiene el juez para resolver es corto, así que hacer seguimiento activo del expediente durante ese lapso puede ser determinante para que la revisión judicial funcione en los tiempos que la ley prevé.

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