Art. 20 Ley 26.657: los requisitos de la internación involuntaria por salud mental

Comentario

La primera oración del artículo fija el marco general: la internación involuntaria debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional, reservado para cuando no son posibles los abordajes ambulatorios. No es la primera alternativa a evaluar frente a una crisis de salud mental, sino la última, cuando las opciones que permiten a la persona permanecer en su entorno ya se agotaron o no son viables.

El estándar sustantivo que habilita esta medida extrema es preciso: tiene que existir, a criterio del equipo de salud, una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. Los tres calificativos importan: el riesgo tiene que ser cierto (no una posibilidad remota o especulativa), inminente (no una preocupación a largo plazo) y evaluado por un equipo de salud, no por la sola apreciación de un familiar o de un tercero ajeno a la evaluación profesional.

Más allá de esta oración central, el artículo agrega tres exigencias adicionales que tienen que constar junto con los requisitos comunes a toda internación. Primero, un dictamen profesional que determine específicamente esa situación de riesgo cierto e inminente, firmado por dos profesionales de diferentes disciplinas —uno de los cuales tiene que ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra— que además no tengan vínculo de parentesco, amistad ni económico con la persona. Esta exigencia de independencia de los profesionales es una salvaguarda directa contra decisiones interesadas o insuficientemente objetivas. Segundo, tiene que constar la ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento. Tercero, un informe sobre las instancias previas implementadas, si las hubiera, que permita verificar que efectivamente se intentó un abordaje menos restrictivo antes de llegar a esta medida.

Cómo se usa en la práctica

Frente a una situación de crisis, conviene que la documentación de la internación deje constancia expresa y verificable de cada uno de estos elementos —no solo del riesgo, sino también de la ausencia de alternativas y de los intentos previos—, porque son precisamente los puntos que después va a revisar el control judicial obligatorio que exige el artículo siguiente de esta misma ley.

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