Ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores, comentada

Fichas de este cuerpo

El principio de base: se puede pactar, con límites

Los abogados y procuradores pueden pactar con sus clientes el monto de sus honorarios, por escrito, sin otra sujeción que esta ley y el Código Civil y Comercial. Pero esa libertad tiene un límite de orden público: la renuncia anticipada de honorarios, o el pacto que reduzca las proporciones del arancel, son nulos de nulidad absoluta, salvo excepciones puntuales (parientes cercanos del profesional, actividades pro bono). Un abogado que renuncia anticipadamente a sus honorarios, o pacta un monto inferior al que fija la ley, incurre en falta de ética.

Una ley que reemplazó al régimen anterior

Esta ley derogó a la vieja Ley 21.839, que regulaba la misma materia. Es de aplicación en la justicia nacional y federal, e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar sus propios regímenes para el ámbito de sus competencias.

El plazo para pagar honorarios regulados, y qué pasa si no se paga

Los honorarios que fija un juez tienen un plazo concreto: deben abonarse dentro de los diez días de quedar firme la resolución que los reguló. Si hay mora del deudor, esa deuda devenga intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia hasta el efectivo pago, fijados por el juez de la causa. Y la acción de cobro de honorarios regulados judicialmente no tramita como un juicio nuevo: va directamente por la vía de ejecución de sentencia, sin pagar tasa de justicia ni ningún tipo de contribución. Es exactamente el marco temporal que explica, después, la posibilidad de reclamar el pago al propio cliente cuando el condenado en costas no cumple.

Quiénes quedan alcanzados por esta ley, y en qué jurisdicción

Alcanza a los honorarios de abogados y procuradores por su actividad judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación, en asuntos de competencia de la justicia nacional o federal. También se aplica a los honorarios de los demás auxiliares de la Justicia en esos mismos asuntos, salvo que una ley especial disponga otra cosa para ellos. Fuera de ese ámbito —por ejemplo, en la justicia de una provincia que no adhirió a un régimen equivalente— rigen las normas arancelarias locales, no esta ley nacional.

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