¿Alcanza con invocar la Ley de Defensa del Consumidor si el que te ejecuta no es un proveedor profesional?

Qué se discutía en el caso

El actor ejecutaba cinco pagarés por US$ 1.000 cada uno, librados en concepto de comisión convenida entre las partes por la compra de un inmueble. El ejecutado opuso pago parcial —ofreció un recibo, que una pericia caligráfica determinó que tenía una firma no perteneciente al actor— e impugnó la tasa de interés reclamada. Después de producida esa pericia, el ejecutado presentó un planteo nuevo: pidió que se aplicara la Ley 24.240 y que el juzgado se declarara incompetente, remitiendo la causa a su domicilio real. El juez de grado rechazó todo: consideró extemporáneo el planteo de incompetencia (llegó después de haberse producido ya una prueba pericial costosa) y, además, no acreditado que existiera una relación de consumo.

Qué resolvió el tribunal

La Cámara confirmó en ambos puntos. Sobre la extemporaneidad, recordó que las excepciones deben oponerse todas juntas dentro de los cinco días de la intimación de pago (artículo 542 CPCCN), y que el ejecutado ya había consentido la competencia del fuero al no cuestionarla en esa oportunidad; introducirla después de una etapa procesal ya superada —con el costo material que implicó la pericia— "está lejos de constituir un mero tecnicismo formal". Sobre el fondo, fue igual de terminante: "no es posible considerar que el ejecutante cargue con la nota de profesionalidad propia de todo proveedor (conf. arts. 2, ley 24.240 y 1093 del CCCN), ni que en el caso se esté reclamando en virtud de un crédito de consumo", porque "los pagarés fueron librados en el marco de una compraventa de inmueble, resultando tanto beneficiario como librador personas físicas". También rechazó, en sentido inverso, el pedido del ejecutante de sancionar al ejecutado por malicia: encontró que sus planteos, aunque perdidos, estaban dentro del ejercicio regular del derecho de defensa.

El criterio que se extrae

La Ley de Defensa del Consumidor protege una relación específica: un proveedor profesional frente a un destinatario final. Cuando ambas partes de un pagaré son personas físicas vinculadas por una operación puntual entre particulares —acá, la venta de un inmueble, con el pagaré instrumentando el pago de una comisión pactada entre ellas—, falta el elemento central de esa relación: no hay nadie del lado de la "profesionalidad" empresaria que la ley busca equilibrar. Ser persona humana no basta para ser consumidor; hace falta que del otro lado haya, efectivamente, un proveedor en los términos del artículo 2 de la Ley 24.240.

Cómo se usa en un expediente

Antes de plantear una defensa de consumo, conviene preguntarse quién es realmente el ejecutante: si es una financiera, una casa de electrodomésticos o cualquier otra actividad profesional habitual, el terreno de esta protección está abierto. Si en cambio se trata de otra persona física con la que hubo una operación puntual y no habitual —una venta, un préstamo entre conocidos—, ese argumento por sí solo no va a prosperar, y conviene concentrar la defensa en otros terrenos: la habilidad del título, el pago, o los intereses reclamados.

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