Art. 5 Ley 26.743: cómo rectifica su identidad de género una persona menor de edad

Comentario

La regla general es que la solicitud se hace a través de los representantes legales del menor —normalmente, sus progenitores—, pero con un requisito adicional que la distingue de un trámite meramente representativo: hace falta la expresa conformidad del propio menor. No alcanza con que los representantes decidan por él o ella: el menor tiene que manifestar su propia voluntad sobre el trámite.

Esa conformidad se evalúa, según el propio artículo, considerando los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061 de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. La capacidad progresiva es la idea de que la aptitud de un niño, niña o adolescente para ejercer sus derechos por sí mismo aumenta con su edad y madurez, y no se define por un corte rígido único. Además, el menor tiene que contar con la asistencia del abogado del niño, prevista en el art. 27 de la misma Ley 26.061: una figura de representación legal propia del menor, distinta de sus representantes legales, que existe precisamente para los casos en que su interés puede no coincidir automáticamente con el de sus padres.

La segunda parte del artículo resuelve el escenario de conflicto: cuando se niega o es imposible obtener el consentimiento de alguno de los representantes legales, la ley no deja al menor sin ninguna vía. Habilita recurrir a la vía sumarísima —un trámite judicial abreviado, pensado para resolver con rapidez— para que un juez resuelva la cuestión, aplicando los mismos principios de capacidad progresiva e interés superior del niño. Esto significa que el desacuerdo de un solo progenitor no tiene, necesariamente, poder de veto sobre el trámite.

Cómo se usa en la práctica

Si ambos representantes legales están de acuerdo, el trámite avanza de forma similar al de un adulto, sumando la conformidad expresa del menor y la asistencia del abogado del niño. Si hay desacuerdo o imposibilidad de obtener el consentimiento de alguno de los representantes, conviene evaluar cuanto antes la vía judicial sumarísima que la ley habilita, en lugar de dejar la situación sin resolver.

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