Cuánto cuesta un amparo de salud y quién termina pagando los honorarios

Cómo regula el juez los honorarios de un amparo

Ante la justicia nacional o federal, los honorarios se fijan con la Ley 27.423 (art. 1); ante un juzgado provincial rige la ley arancelaria de esa provincia. Para el amparo, el art. 48 dispone que, en caso de que no pueda regularse de conformidad con la escala del art. 21, se aplican las pautas del art. 16, con un mínimo de veinte UMA. Eso abre dos caminos:

• Si lo reclamado tiene un monto en dinero, como el reintegro de gastos médicos ya pagados, puede aplicarse la escala porcentual del art. 21.
• Si se pide una cobertura sin monto preciso, como una medicación continua, el propio art. 21 remite a las pautas del art. 16, y el art. 48 fija el piso de 20 UMA.

Entre esas pautas están la calidad de la labor, la complejidad de la cuestión, el resultado obtenido y la trascendencia económica y moral del asunto. Los mínimos de la ley son de orden público: el juez no puede bajarlos.

La UMA no es un monto fijo: equivale al 3 % de la remuneración básica de un juez federal de primera instancia, y la Corte Suprema publica su valor cada mes (art. 19). Por eso el pago solo cancela la deuda si cubre esas UMA a su valor al momento de pagar (art. 51).

Quién paga las costas: depende de contra quién es el amparo

Las costas incluyen los honorarios de los abogados de ambas partes. La tasa de justicia tiene una exención propia: la Ley 23.898 exime a las acciones de amparo cuando no son denegadas (art. 13, inc. b). Quién carga con las costas depende de contra quién se dirige el amparo:

• Contra una autoridad pública. La Ley 16.986 regula el amparo contra actos u omisiones de autoridad pública (art. 1). Su art. 14 dice, completo: «Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el artículo 8, cesara el acto u omisión en que se fundó el amparo». Ver la guía de amparo contra el Estado.
• Contra una prepaga u otro particular. Para el reclamo contra un particular, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé el trámite sumarísimo (art. 321, inc. 2), y su regla de costas es la del art. 68: el vencido paga los gastos de la contraria, salvo que el juez lo exima, total o parcialmente, con fundamento. El art. 70 agrega que no se imponen costas a quien se allana oportunamente, salvo mora o culpa en haber provocado el reclamo.

Si la entidad cumple recién después de la cautelar, pesa la conducta previa documentada: una intimación desatendida ayuda a mostrar que la demanda era necesaria.

En qué casos el paciente termina pagando

Ganar el amparo no siempre significa no pagar nada. Hay cuatro escenarios en los que parte de la cuenta queda del lado del paciente:

• Exención o cese previo. Si el juez exime a la entidad o se da el cese del art. 14, en esa medida cada parte afronta a su propio abogado.
• La condenada no paga. El art. 57 de la Ley 27.423 permite reclamarle al cliente «luego de treinta (30) días corridos del incumplimiento y siempre que esté debidamente notificado»; quien paga sin estar condenado en costas puede repetir de quien corresponda (art. 18). Ver la ficha del art. 57 y la guía gané el juicio, pero mi abogado me reclama los honorarios.
• Hay un acuerdo con tu abogado. Según el art. 4, los convenios de honorarios rigen entre las partes con prescindencia de la condena en costas. Si se pactó un porcentaje, los topes están en la guía del pacto de cuota litis.
• El amparo se rechaza. El vencido pasa a ser el paciente; la herramienta a evaluar es el beneficio de litigar sin gastos.

Qué dicen los tribunales sobre costas, tasa de justicia y honorarios

La jurisprudencia reciente de la Cámara Civil y Comercial Federal responde con bastante regularidad las tres preguntas de esta guía: quién paga las costas, si la tasa de justicia corre por cuenta del paciente y cómo se regulan los honorarios. Los casos que siguen son resoluciones concretas de 2023 a 2026; ninguna garantiza que el tuyo se resuelva igual.

Las costas siguen al vencido cuando la conducta de la entidad obligó a litigar

En «B., N. c/ OSSEG s/ amparo de salud» (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, CCF 1077/2026/CA1, 09/09/2026), la Sala puso las costas de ambas instancias a la obra social con un razonamiento que se repite: la condena en costas resarce los gastos que el actor tuvo por la conducta de la demandada, y la exoneración es excepcional y de interpretación restrictiva. Aplicó el art. 68 del Código Procesal y los arts. 14 y 17 de la Ley 16.986.

En «L. A. M. E. c/ OSPACP s/ amparo de salud» (Sala III, CCF 1822/2025/CA1, 18/06/2026), la obra social invocó el art. 14 de la Ley 16.986 porque había entregado la medicación oncológica antes de contestar el informe. La Sala lo rechazó: recién después de la medida cautelar del 17/03/2025 se acreditó la entrega, por lo que la actora debió ir a juicio «como consecuencia inmediata y exclusiva de la conducta de la accionada».

«T., A. A. c/ OSDE s/ amparo de salud» (Sala III, CCF 4885/2022/CA2, 08/10/2026) sigue la misma línea: la demandada negó la cobertura frente al reclamo prejudicial, obligó al actor a acudir a la justicia y resultó vencida en el objeto sustancial del amparo. Por eso las costas de ambas instancias quedaron a su cargo, sin motivo para apartarse del principio del art. 68 del Código Procesal.

En «T., M. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ amparo de salud» (Sala III, CCF 22817/2019/CA1-CA2, 21/09/2023), el amparo se declaró abstracto porque el paciente se operó durante el trámite. Aun así las costas siguieron a la obra social: no había ofrecido ningún prestador propio concreto y cumplió recién tras la cautelar, aunque la Superintendencia de Servicios de Salud ya había dado visto favorable al pedido.

El cese de la conducta o un acuerdo colectivo no eximen automáticamente

En «D., A. c/ Asociación Civil Hospital Alemán s/ amparo» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, COM 7597/2024, 17/07/2026), la prepaga pidió quedar exenta de costas porque, antes de que la notificaran, ya aplicaba un esquema de aumentos por IPC derivado de un acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con otras empresas. La Cámara confirmó las costas de primera instancia y puso las de Alzada a la prepaga.

Para la Sala B, quien promovió una acción individual ejerció su derecho de quedar fuera de lo decidido en la acción colectiva, de modo que ese acuerdo no vuelve abstracto el reclamo ni da derecho a la excepción del segundo párrafo del art. 14 de la Ley 16.986.

En un sentido parecido, «D. N., M. A. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo» (Sala II, CCF 1203/2024/CA2, 23/06/2026) pasó las costas de ambas instancias a la demandada vencida: las costas son corolario del vencimiento y su exoneración es excepcional.

En «V., G. S. c/ OSOCNA y OSDE s/ amparo de salud» (Sala I, CCF 10676/2023/CA2, 02/06/2026), una jubilada reclamó el mantenimiento de su afiliación al plan que tenía como trabajadora activa. La Sala confirmó la sentencia, porque inició la acción en plazo razonable tras jubilarse, e impuso las costas de Alzada a las dos entidades recurrentes (art. 14 de la Ley 16.986).

Si el afiliado pierde, la gratuidad del consumidor lo protege de las costas

En «B. J. L. c/ OSDE s/ amparo de salud» (Sala II, FSM 22145/2020/CA3, 19/06/2025), la Cámara confirmó el rechazo del amparo porque la familia había omitido en la declaración jurada una escoliosis que ya conocía, de modo que la baja era legítima. Pero confirmó también que no había costas para la afiliada: el beneficio de gratuidad de la Ley 24.240 alcanza a las costas del proceso, según la doctrina de la Corte Suprema que la Sala citó.

«las acciones individuales iniciadas en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor quedan exentas, también, del pago de las costas»

«F., L. G. c/ OSCOMM y otro s/ amparo de salud» (Sala III, CCF 3795/2019, 08/07/2025) extiende la idea a las obras sociales: el afiliado de una obra social es consumidor igual que el de una prepaga. El amparo de la jubilada había sido rechazado con costas por su orden. Cuando el abogado de una demandada pidió intimarla al pago de sus honorarios, el juez lo rechazó por el beneficio del art. 53 de la Ley 24.240, y la Sala confirmó esa decisión.

La tasa de justicia: los agentes del seguro de salud están exentos

En el fallo «T., M.» de 2023, la obra social había sido condenada también a pagar la tasa de justicia. La Sala, por mayoría, modificó ese punto: la tasa «se halla comprendida en la exención prevista en el art. 39 de la ley 23.661 para los agentes del seguro de salud», conforme a Fallos 323:973 de la Corte Suprema. Las costas, en cambio, siguieron a cargo de la obra social.

Cómo regulan los honorarios las Salas en 2026

Los honorarios del abogado de la parte actora se fijan en UMA, con los arts. 16, 48 y 51 de la Ley 27.423 y el valor vigente al momento de cada resolución. En «T., M.», la Sala aclaró que, si la acción busca preservar el derecho a la salud, la regulación debe ajustarse a las pautas de los incs. b) a f) del art. 16. La tabla reúne lo que fijaron las resoluciones leídas.

Dos precisiones sobre esos números. En «V.», la Sala tuvo en cuenta que el art. 16 prohíbe apartarse de los mínimos y que el art. 48 fija el mínimo para amparos, y consideró además que se había declarado innecesaria la prueba. En «L. A. M. E.», no se regularon honorarios al otro letrado que figuraba en los escritos, porque ninguno estaba firmado por él: la Sala consideró que esos escritos no le eran atribuibles.

Apelar sin rebatir los fundamentos no frena la condena

En «C., E. S. c/ OSDE s/ amparo de salud» (Sala II, CCF 21033/2024/CA1, 13/03/2026), la prepaga apeló una condena a cubrir al 100 % el tratamiento con semaglutida de un paciente con diabetes tipo 2. La Sala declaró desierto el recurso: repetía la invocación de la Resolución 310/04 y de la autorización de la ANMAT, sin rebatir que el art. 5 de la Ley 23.753 establece una cobertura del 100 % «según prescripción médica».

En «K., B. M. c/ Medicus S.A. s/ sumarísimo de salud» (Sala II, CCF 15270/2023/CA2, 08/07/2026), el afiliado falleció durante el trámite. La Sala consideró abstracto lo prestacional, pero analizó el derecho reclamado porque era necesario para decidir la correcta imposición de las costas. Concluyó que la Ley 25.404 incorpora de pleno derecho al PMO las prestaciones para epilepsia, y que la prepaga no había rebatido al Cuerpo Médico Forense.

Qué aclarar con tu abogado y qué documentación reunir

Antes de firmar conviene dejar cuatro puntos resueltos con tu abogado:

1. Que el acuerdo de honorarios conste por escrito, como exige el art. 4 de la Ley 27.423.
2. Qué pasa si la entidad cumple apenas recibe la cautelar, según contra quién se dirija el amparo.
3. Quién paga al abogado si el juez exime de costas a la entidad.
4. Cómo se maneja el reclamo del art. 57 si la condenada no paga en término.

Para evaluar el caso necesitamos esta documentación:

• La credencial y el tipo de cobertura, que definen qué norma rige las costas.
• La negativa escrita, la carta documento y la respuesta o el silencio de la entidad.
• La prescripción médica y, si existe, el presupuesto de lo reclamado.
• Si el juicio ya empezó: la resolución de costas u honorarios y el acuerdo con tu abogado.

Preguntas frecuentes