¿Puede la ley recortar la actualización de un crédito laboral solo porque ya está en juicio?

Qué se discutía en el caso

Dentro de un reclamo por despido indirecto ya resuelto a favor de la trabajadora, se discutía cómo actualizar el capital de condena. El art. 54 de la Ley 27.802 fija la regla general para los créditos laborales: actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, más una tasa de interés pura del 3% anual. Pero el art. 55 de la misma ley crea una excepción: para los créditos que, al entrar en vigencia la ley, ya estaban judicializados y pendientes de sentencia definitiva, fija un piso distinto —el 67% del monto que resultaría de aplicar la regla general—, es decir, una actualización más gravosa que la general. La trabajadora cuestionó la constitucionalidad de esa excepción.

Qué resolvió el tribunal

La Cámara declaró inconstitucional el art. 55 para el caso, por tres razones concurrentes. Primero, por violar el derecho de propiedad (art. 17 CN): "aun aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición... el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito", constituyendo "una verdadera quita legal sobre el contenido económico de la acreencia". Segundo, por violar la igualdad ante la ley (art. 16 CN): la norma "coloca en peor situación a quienes, precisamente a causa de ese incumplimiento, se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho", una distinción que "carece de razón bastante". Tercero, por violar el derecho de peticionar a las autoridades (art. 14 CN): "el ejercicio del derecho de acción se convierte en el presupuesto de una disminución patrimonial que no pesa sobre quien no litigó", citando el precedente "Cantos vs. Argentina" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal precisó, además, que la consecuencia de esa inconstitucionalidad no es un vacío normativo, sino la aplicación directa de la regla general del art. 54 (IPC más 3% anual) también a los créditos ya judicializados.

El criterio que se extrae

El fallo desarrolla un argumento con proyección más allá de este caso puntual: una ley puede regular de manera general cómo se actualizan los créditos laborales, pero no puede penalizar específicamente a quien tuvo que litigar para cobrarlos con una fórmula peor que la que aplica a quien no litigó. La sola circunstancia de la "judicialización" no es, para este tribunal, una diferencia que justifique un trato distinto, porque el crédito de fondo —impago por el incumplimiento del empleador— es sustancialmente el mismo en ambos casos.

No es un fallo aislado: ya es un criterio consolidado de la Sala

Este pronunciamiento no inaugura el criterio: la propia Sala I ya lo había fijado antes, el 17 de marzo de 2026, en "Mendiguren, Maximiliano Hernán c/ Lavadero Torino S.A. s/despido", y lo volvió a aplicar y confirmar expresamente el 26 de agosto de 2026 en "Baeza c/ Conarpesa", remitiéndose a los mismos fundamentos "en honor a la brevedad". Con al menos tres sentencias en el mismo sentido a lo largo de 2026, ya no es un pronunciamiento aislado sino una línea sostenida de esta Sala.

Cómo se usa en un expediente

Este fallo —y los otros dos de la misma línea— son un antecedente directo para plantear la inconstitucionalidad del art. 55 de la Ley 27.802 en cualquier juicio laboral en trámite al momento de su entrada en vigencia (6 de marzo de 2026), pidiendo que el crédito se actualice según la regla general del art. 54 en lugar de la fórmula más gravosa de la excepción. El desarrollo completo del despido indirecto que originó este crédito está en la guía de despido indirecto.

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