Art. 27 Ley 25.675: qué es el daño ambiental de incidencia colectiva

Comentario

Lo primero que fija este artículo es el objeto del capítulo: regula los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos, que por acción u omisión causen daño ambiental de incidencia colectiva. Esta aclaración —que alcanza tanto a actividades lícitas como ilícitas— es relevante: una empresa puede estar operando dentro de todas las autorizaciones y permisos correspondientes y, aun así, quedar alcanzada por este régimen si su actividad efectivamente causa un daño ambiental. Contar con las habilitaciones administrativas en regla no equivale, por sí solo, a estar exento de esta responsabilidad.

La definición central del artículo es la de daño ambiental: toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. Conviene notar el calificador relevante: no cualquier modificación mínima o reversible sin consecuencia práctica alcanza para configurar este tipo de daño, sino una alteración de cierta entidad. La norma tampoco limita el daño a los recursos naturales en sentido estricto (agua, suelo, aire, biodiversidad): incluye también el equilibrio de los ecosistemas como tal, y los bienes o valores colectivos en un sentido más amplio.

El calificativo de incidencia colectiva es la clave de todo el capítulo: distingue a este daño del daño individual que una persona pueda sufrir en su patrimonio o en su salud a raíz de una misma situación (que se rige por las reglas generales de responsabilidad civil), y lo trata como una afectación al ambiente como bien de todos, con reglas de legitimación para reclamar y de responsabilidad que son propias de este capítulo.

Cómo se usa en la práctica

Frente a una situación con potencial impacto ambiental —una actividad industrial, un derrame, una emisión fuera de los parámetros habituales—, conviene evaluar desde el inicio si la alteración generada tiene entidad suficiente para calificar como daño ambiental de incidencia colectiva en los términos de este artículo, porque de esa calificación depende qué régimen de responsabilidad y qué vías de reclamo resultan aplicables.

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