Art. 28 Ley 25.675: responsabilidad objetiva por daño ambiental y el Fondo de Compensación Ambiental

Comentario

El primer dato central del artículo es el estándar de responsabilidad: quien causa un daño ambiental responde objetivamente. A diferencia del régimen general de responsabilidad civil, donde en muchos casos hay que acreditar culpa o negligencia del responsable, acá alcanza con probar el daño ambiental y la relación de causalidad con la actividad de quien se pretende responsabilizar. Es un estándar deliberadamente más exigente, coherente con el tipo de actividades que suelen generar este tipo de daño —muchas veces actividades productivas o industriales con un riesgo ambiental inherente— y con la dificultad práctica que tendría exigirle a la víctima probar la culpa concreta de un proceso productivo complejo.

La segunda parte del artículo establece una prioridad clara entre dos consecuencias posibles: lo primero que busca la ley es el restablecimiento al estado anterior a la producción del daño, no una indemnización en dinero. Solo cuando ese restablecimiento no sea técnicamente factible entra a jugar la indemnización sustitutiva. Esta prioridad tiene una lógica de fondo coherente con la naturaleza del bien afectado: el ambiente dañado, en la medida de lo posible, se repara restituyéndolo a su estado previo, no simplemente compensando económicamente su pérdida como si fuera un bien fungible cualquiera.

Cuando la indemnización sustitutiva resulta procedente, la norma no permite que quede en manos del damnificado disponer libremente de esos fondos: deben depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental, creado por esta misma ley y administrado por la autoridad de aplicación. Este mecanismo asegura que los fondos obtenidos por daño ambiental queden destinados a fines ambientales, en lugar de diluirse como una indemnización patrimonial ordinaria.

El artículo cierra aclarando que esta vía es sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder: la responsabilidad objetiva y el mecanismo de este artículo no agotan ni reemplazan otras acciones que la víctima, el Estado u otros legitimados puedan tener disponibles por el mismo hecho.

Cómo se usa en la práctica

Frente a un daño ambiental ya producido, la primera evaluación práctica es si el restablecimiento al estado anterior es técnicamente factible, porque de eso depende si el reclamo se dirige a exigir la recomposición material o si corresponde encauzarlo hacia la indemnización sustitutiva y el Fondo de Compensación Ambiental. Para una empresa que enfrenta esta situación, conviene evaluar tempranamente ambas vías y su viabilidad técnica concreta, en lugar de asumir de entrada que la única salida posible es una indemnización en dinero.

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