Me sancionaron como proveedor del Estado: penalidades, suspensión del registro y cómo defenderse

Qué sanciones puede aplicar el Estado y cómo se encadenan

El incumplimiento del contratista se sanciona en dos planos. En el contrato, la administración puede rescindir total o parcialmente por culpa del proveedor, aplicar multas y ejecutar la garantía. En el régimen de contrataciones, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) puede suspender al proveedor para contratar con el Estado Nacional por un plazo determinado.

Los casos leídos muestran la acumulación. En Oligra, una resolución rescindió una orden de compra de manera parcial y otra en forma total, y aplicó multas por $2.045.500,03 y $855.600, con apoyo en los artículos 102, inciso b, apartado 1, e inciso d, apartado 3, del Decreto 1030/16, como invocó el Estado en su reconvención.

En Lo Bruno, la ONC aplicó dos suspensiones por la misma licitación: una de un año y cinco meses, por la rescisión por culpa del proveedor, y otra de seis meses, por no pagar la garantía. Los fundamentos fueron los apartados 3.1 y 2.2 del inciso b del artículo 131 del reglamento aprobado por el Decreto 893/12.

En RPG, la disposición de la ONC estableció dos suspensiones de cinco meses cada una. Una derivaba de la rescisión parcial por culpa del contratista y la otra del incumplimiento del pago de la garantía perdida. Lo mismo muestra el caso Unión Transitoria Noroeste: el tribunal mencionó las sanciones del Anexo II del Decreto 1169/18, de más de uno y hasta cinco años.

El primer cuidado: recurrir en plazo

El mayor riesgo procesal es dejar firme el acto. En Oligra, la resolución que rescindió y multó se notificó cargándola en el sistema COMPR.AR, como preveía la cláusula 20 del pliego particular, e indicaba que podían interponerse reconsideración en diez días o jerárquico dentro de los quince. La empresa recurrió recién diez meses después.

La presentación tardía se tuvo como denuncia de ilegitimidad y fue rechazada. Luego, ante la demanda, el juez de primera instancia consideró que el acto había quedado firme y que su materia estaba gobernada por él. La Sala II desestimó la apelación por falta de crítica concreta del fallo y agregó que, de todos modos, la pretensión era inviable en el fondo.

La firmeza también ocupó un lugar clave en Lo Bruno. La resolución que rescindió el contrato con culpa y descartó la devaluación como fuerza mayor ya había sido confirmada por reconsideración y jerárquico. Cuando la ONC aplicó la suspensión, la Sala IV entendió que el actor pretendía reeditar una discusión resuelta definitivamente, lo que quitaba carácter manifiesto a la ilegalidad alegada.

Fuerza mayor, imprevisión y otras defensas de fondo

La defensa más habitual es que el incumplimiento no fue culpa del contratista. En Oligra, la empresa invocó una devaluación del peso que encareció su materia prima. La Sala II recordó que la prueba del caso fortuito o fuerza mayor exige comprobar de manera fehaciente que el hecho fue imprevisible e inevitable, con cita de Fallos: 315:2857 y 321:1117.

El tribunal rechazó el planteo. Entendió que, para una firma dedicada a un commodity cuyo precio está atado al dólar, un salto devaluatorio no era imprevisible, sino parte del riesgo empresario. Agregó que la teoría de la imprevisión busca que el contrato se siga cumpliendo, y era contradictorio pedirla y a la vez solicitar la resolución del contrato.

También importa leer los plazos de pago del pliego. En ese caso, el pliego particular preveía la entrega en cuatro etapas y el pago a sesenta días desde la recepción definitiva, y no a treinta días desde la factura. Por eso el tribunal no encontró mora del Estado, que la actora invocaba para justificar su excepción de incumplimiento.

La prueba del daño o del hecho eximente lleva tiempo y suele requerir peritajes y expedientes completos. En Lo Bruno, la jueza de grado y el fiscal sostuvieron que discutir si la devaluación configuraba fuerza mayor excede el marco del amparo, y que no se había demostrado la inoperancia de las vías ordinarias. La Sala IV confirmó el rechazo por no advertir arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, dado que esa cuestión ya estaba firme.

Cautelares: qué se puede frenar y qué no

En Unión Transitoria Noroeste, la actora pidió que la DNV no ejecutara garantías ni multas y que no inscribiera la rescisión como antecedente negativo en COMPR.AR y en el Registro Nacional de Constructores. La Sala IV mantuvo lo que ya había resuelto en 2023: sin peligro en la demora acreditado, no se suspenden multas ni garantías.

Los motivos fueron concretos. La garantía era el 5 % del monto del contrato, la actora era una unión transitoria sin explicar cómo se repartía la responsabilidad, gran parte de las multas ya se habían descontado de certificados y la documentación contable era unilateral y de fechas dispares. El tribunal pidió explicaciones precisas sobre los efectos que se querían suspender.

La solución fue distinta para el registro del antecedente negativo. La administración ya había comunicado la rescisión con culpa a la ONC y al registro de constructores, lo que hacía más factible la suspensión de entre uno y cinco años. Con la cautelar se ordenó que no se registre la rescisión como antecedente negativo, por seis meses y con caución real de $5.000.000.

Para la verosimilitud, la Sala IV reiteró que, prima facie, la resolución no parecía dictada conforme a las condiciones del contrato, porque no se había tratado el pedido de la actora de aplicar el procedimiento de resolución de controversias de la cláusula 20.2 del pliego. Hubo una disidencia, a favor de rechazar el recurso, y la medida no adelanta decisión sobre el fondo.

Otro precedente de la Sala IV, Analytical Technologies, suspendió por seis meses y con caución real de USD 1.000 las intimaciones al pago de una multa y de la garantía de impugnación y las comunicaciones al registro de proveedores. La amenaza de remisión a la ONC para aplicar sanciones, según el artículo 107 del Decreto 1030/2016, acreditó el peligro en la demora.

Un solo juez para toda la discusión

Cuando la rescisión y la sanción de suspensión se discuten en causas distintas, es posible pedir que las resuelva el mismo juzgado. En RPG, una causa impugnaba la resolución del Ministerio de Desarrollo Social que rescindió y aplicó la pérdida de la garantía, y otra la disposición de la ONC que suspendió a la empresa.

La Sala V confirmó que ambas se acumularan ante el Juzgado Nº 10, por conexidad instrumental. Compartió el dictamen del fiscal general, que señaló que, aunque se cuestionen actos distintos, las causas tienen un mismo origen fáctico y requieren uniformidad para evitar sentencias contradictorias. La Sala remitió a esos fundamentos y confirmó la decisión, con costas.

Para quien tiene dos expedientes, la lección es práctica: conviene plantear la conexidad para que ambas causas tramiten ante el mismo juzgado. Así se evita que dos jueces valoren la misma prueba de manera distinta y se concentra la defensa.

Qué documentación juntar

Reuní las resoluciones de rescisión y de aplicación de penalidades, los avisos de notificación, el pliego de bases y condiciones con todas sus cláusulas y el contrato u orden de compra. Sumá las comunicaciones con el organismo, intimaciones y respuestas, y la constancia de la garantía.

Si vas a invocar fuerza mayor o un desequilibrio económico, ordená la prueba desde ahora: tipo de cambio, costos de insumos, facturas, listas de precios de tus proveedores y cualquier pedido de renegociación que hayas presentado. Para pedir una cautelar, sumá balances y certificaciones contables, y los procesos de selección en los que participás.

• Resoluciones de rescisión, multa y suspensión, con fecha de notificación.
• Pliego, contrato y órdenes de compra.
• Garantías constituidas y su ejecución.
• Notas y reclamos presentados al organismo.
• Documentación contable y de insumos.

Para evaluar tu caso, escribinos desde contacto. Si tu conflicto es por la licitación y no por la ejecución, mirá también la guía sobre cómo impugnar un pliego o una adjudicación, y si el Estado rescindió tu contrato de obra, la de rescisión de contrato de obra pública.

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