Redeterminación de precios en obra pública: cómo se pide y qué hacer si el organismo no la resuelve

Qué es la redeterminación y cómo se tramita

La redeterminación de precios ajusta el valor del contrato cuando los costos varían durante la ejecución. En la jurisprudencia reciente aparecen dos etapas: las adecuaciones provisorias, que se certifican mientras la obra avanza, y las redeterminaciones definitivas, que se formalizan después en un acta. La diferencia entre ambas se liquida en un paso posterior.

El Decreto 691/2016 estableció un procedimiento específico y plazos expresos para este trámite, según lo describe la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Para períodos anteriores a su vigencia, algunos contratos siguieron regidos por el Decreto 1295/2002. Qué norma te toca depende de la fecha de tu contrato y de si adheriste al régimen nuevo, y eso se define leyendo el contrato y el pliego.

La adhesión tiene un costo. El acta de redeterminación definitiva incluye cláusulas de renuncia: el artículo 34, inciso f, del Anexo I del decreto la vincula con los créditos del artículo 11, es decir, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y otros perjuicios que resulten del propio proceso de redeterminación. Antes de firmar un acta conviene saber exactamente a qué se está renunciando.

Además de la adecuación de los precios, la Resolución Conjunta 9/2021 regula en su Anexo I, artículo 6, la liquidación de las diferencias entre adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas. Según la Sala IV, esa norma no crea un procedimiento autónomo: esas diferencias siguen el régimen general de redeterminación.

Cómo se pide, paso a paso

Los fallos muestran que los reclamos se pierden o se demoran más por defectos de forma que por razones de fondo. Este es un orden de trabajo que recoge lo que los tribunales valoraron en los expedientes que revisaron:

1. Pedí por escrito y con nota de pedido. En la causa Marcalba, la contratista pidió cada redeterminación por nota de pedido y luego reunió seis cuestiones pendientes en una única presentación. Un pedido formal deja fecha cierta y objeto claro.
2. Acompañá la documentación exigida. En el caso Vivian Hermanos, la sentencia de primera instancia señaló que la contratista no había formalizado correctamente sus solicitudes ni acompañado lo que pedían los decretos aplicables.
3. Acreditá las facultades de quien firma. En Marcalba, el organismo pidió copia certificada del poder que habilitara al representante técnico a efectuar las renuncias de práctica, y reiteró el requerimiento varias veces.
4. Respondé cada requerimiento de manera concreta. Proponer postergar el tema, como hizo la contratista en ese caso, no subsana la observación y le da al organismo un argumento para explicar la demora.
5. Guardá las constancias de cada paso. Notas, órdenes de servicio, actas y expedientes administrativos son la prueba de quién demoró y cuánto.

Si el organismo reclama una actuación tuya, tratala como una prioridad. Esa exigencia pendiente, mientras siga vigente, es la defensa más repetida en los juicios por mora.

Si el organismo no resuelve: el amparo por mora

Cuando el expediente queda parado, la vía natural es el amparo por mora del artículo 28 de la Ley 19.549. En Marcalba, la Sala IV explicó que la complejidad de una obra pública no excluye el control judicial: al contrario, el procedimiento reglado permite verificar si cada etapa se cumplió en un plazo razonable y si hubo períodos de inactividad.

El tribunal diferenció varios reclamos de la misma contratista. Para el trámite de un evento compensable iniciado en septiembre de 2021, que casi cuatro años después seguía en la etapa de evaluación técnica, confirmó la condena por mora. También confirmó la orden respecto de una actualización adicional, porque en ese caso el objeto inmediato era obtener la actividad formal omitida.

En cambio, rechazó que el amparo sirva para cobrar una factura de más de cien millones de pesos por la actualización de un evento compensable: pedir un pago, dijo la Sala, es una pretensión que debe canalizarse por las vías ordinarias. Tampoco prosperó la mora sobre las diferencias entre adecuación provisoria y redeterminación definitiva, porque el organismo había observado un requisito que la contratista no cumplió.

Antes de ir a la Justicia, el expediente Rovella Carranza muestra el recorrido administrativo previo: la contratista pidió un pronunciamiento concreto por la plataforma de trámites a distancia, esperó el vencimiento de los plazos que invocó de los artículos 10 y 31 de la Ley 19.549 y presentó pronto despacho. Recién después demandó.

Reclamo judicial: intereses y mora en el pago de certificados

Cuando lo que se quiere es plata, el camino es un proceso de conocimiento contra el organismo. En la práctica de los tribunales, el reclamo más frecuente es el de los intereses por mora en el pago de certificados, que se calculan con la tasa del artículo 48 de la Ley 13.064, con las pautas de las Resoluciones DNV AG 982/03 y 623/09 cuando se trata de la Dirección Nacional de Vialidad.

La Sala V, en Laromet, rechazó las defensas típicas del organismo. Sobre las reservas, recordó la doctrina de la Corte según la cual la reserva de intereses puede hacerse al practicarse la liquidación final, aunque no se haya formulado al cobrar los certificados parciales. Mientras no se pruebe una liquidación final consentida, no corresponde exigir una nueva reserva en el acta de recepción definitiva.

Sobre las renuncias, el mismo fallo explicó que la del artículo 34, inciso f, del Anexo I del Decreto 691/2016 alcanza los créditos del artículo 11 y no los intereses por mora en el pago de certificados. La adhesión al régimen y la firma del acta de redeterminación, concluyó la Sala, no implican abdicar de esos intereses sin una previsión expresa.

La prueba es el punto débil habitual. La Sala V aceptó la pericia contable porque se apoyaba en los expedientes de pago del propio organismo y porque este no la criticó de manera concreta. La Sala I, en Coarco, rechazó la demanda en el voto de la jueza Heiland por falta de prueba de la mora y de reclamos oportunos, con disidencia del juez Facio.

Un dato práctico: según la Resolución DNV AG 982/03, aplicada en Polan, Rovella Carranza y Laromet, el vencimiento del plazo de pago se cuenta desde la presentación de la factura, y presentarla fuera de término suspende ese plazo. Facturar en tiempo y forma no es un trámite menor: puede cambiar la cuenta de los intereses.

Paralización de obra y reclamos cruzados

La sentencia de primera instancia en Vivian Hermanos, reseñada por la Sala II, ilustra otro riesgo. La contratista había pedido redeterminaciones en octubre de 2015 y, sin respuesta, paralizó la obra y rescindió el contrato por culpa del comitente. La jueza consideró que la Administración no tramitó los pedidos, pero que la paralización unilateral contrariaba el pliego y que hubo incumplimientos recíprocos.

La conclusión práctica es que la inacción del organismo no habilita por sí sola a frenar la obra. En ese caso se admitió que había una variación de precios significativa que justificaba la redeterminación, pero ninguna de las partes siguió el procedimiento legal. Por eso conviene agotar los canales previstos en el contrato antes de tomar decisiones drásticas.

Lo mismo vale para las actas de neutralización. En Polan, el juez de primera instancia rechazó los intereses de dos obras neutralizadas porque la suspensión de los trabajos suscripta por ambas partes cambiaba el análisis, y la contratista apeló alegando que había certificados anteriores a la neutralización. Antes de firmar un acta de este tipo, revisá qué períodos y qué certificados alcanza.

Qué documentación juntar

Para evaluar un reclamo de redeterminación necesitamos tener a mano:

• El contrato, el pliego de bases y condiciones y sus anexos, con las cláusulas de redeterminación y de pago.
• Las notas de pedido, órdenes de servicio y toda comunicación con el organismo, con fecha de cada una.
• Las actas de redeterminación y la adhesión al régimen, si existen, junto con el poder de quien las firmó.
• Los certificados, las facturas con su fecha de presentación y los comprobantes de pago.
• Los expedientes administrativos de cada trámite y cualquier pronto despacho presentado.

Con ese material se puede ver si el camino indicado es el amparo, el reclamo de intereses o ambos. Si querés que lo revisemos, escribinos desde la página de contacto.

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