Capacidad jurídica y sistema de apoyos en el CCyC, artículo por artículo

El recorrido de estos artículos

La regla de base es que toda persona ejerce sus derechos por sí misma (artículo 23), y cualquier restricción se rige por seis principios que funcionan como garantía —excepcionalidad, beneficio de la persona, interdisciplina, información, asistencia letrada y alternativa menos restrictiva— (artículo 31). El artículo central del sistema (artículo 32) habilita restringir la capacidad solo para actos determinados, con designación de apoyos (artículo 43) que promueven la autonomía en lugar de sustituir la voluntad, reservando la incapacidad total como excepción extrema. Un régimen aparte, pensado específicamente para el riesgo patrimonial familiar, es la inhabilitación por prodigalidad (artículo 48) y sus efectos acotados (artículo 49).

Por qué esta reforma importa en la práctica

Antes de 2015, una sola sentencia de "insania" solía privar a la persona de la práctica totalidad del ejercicio de sus derechos, con muy poca graduación posible: no importaba si la persona podía decidir perfectamente sobre su salud pero necesitaba ayuda solo para administrar un inmueble, el resultado era, casi siempre, todo o nada. El sistema actual obliga a mirar caso por caso: qué actos concretos generan riesgo real, y qué nivel de acompañamiento —no de sustitución— resuelve ese riesgo puntual sin tocar el resto de la vida de la persona. Esto tiene consecuencias muy prácticas para las familias: ya no alcanza con "llevar al juzgado" a un padre con demencia incipiente y pedir que lo declaren incapaz; hace falta un diagnóstico interdisciplinario, una identificación precisa de los actos de riesgo, y una estrategia que primero agote la alternativa de los apoyos.

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