Marca colectiva (y por qué la marca de certificación no existe como figura propia en la Argentina)

Qué es (y quién puede tener) una marca colectiva

La Ley 26.355 define a la marca colectiva como todo signo que distingue los productos o servicios elaborados o prestados por formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social. La titularidad está acotada de manera estricta: solo puede solicitarla y ser su dueño un único agrupamiento constituido por productores o prestadores de servicios que estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (creado por el Decreto 189/2004). Esto significa que una cámara empresarial tradicional, un conjunto de productores no inscriptos en ese registro específico, o cualquier otra asociación por fuera de ese universo, no califica para este trámite particular, más allá de que pueda registrar una marca individual común a su propio nombre.

Qué debe tener el reglamento de uso

El registro de una marca colectiva exige presentar, junto con la solicitud, un reglamento de uso que identifique al agrupamiento y su domicilio, defina su objeto y órgano de administración, establezca las condiciones de afiliación y los requisitos para autorizar el uso del signo a cada miembro, fije las cualidades comunes que deben tener los productos o servicios distinguidos, y prevea mecanismos de supervisión, infracciones y sanciones frente a un uso indebido por parte de algún miembro del agrupamiento. Cualquier modificación posterior a ese reglamento debe comunicarse al INPI, que es la autoridad de aplicación de la ley.

Por qué la "marca de certificación" no existe como figura propia acá

En muchos países, la marca de certificación es una categoría distinta de la colectiva: mientras la colectiva identifica a los miembros de una asociación, la de certificación la otorga un organismo neutral —que no compite en el mercado— para avalar que un producto cumple determinados estándares de calidad, origen o proceso, sin importar quién sea el fabricante. La Ley 22.362 y la Ley 26.355 no prevén esta figura como categoría separada en la Argentina. En la práctica, quien busca certificar la calidad de productos de terceros bajo un sello común suele recurrir a una de dos vías: registrar una marca individual común a nombre del organismo certificador, licenciando su uso a quienes cumplan sus estándares mediante un reglamento contractual de uso (sin el marco legal específico de la Ley 26.355, pero con el mismo efecto práctico); o, cuando existe un vínculo con un origen geográfico determinado, recurrir a la figura de la denominación de origen, que sí tiene un régimen legal propio en la Argentina para certificar que un producto proviene de una región y reúne las cualidades atribuibles a ese origen.

Cómo actuar según tu situación

1. Verificá si tu agrupamiento está inscripto (o puede inscribirse) en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, requisito excluyente para la marca colectiva.
2. Si no calificás, evaluá registrar una marca individual a nombre de la entidad certificadora, con un reglamento de uso pactado contractualmente con quienes la usen.
3. Si hay un vínculo geográfico con las cualidades del producto, evaluá la denominación de origen en lugar de (o además de) una marca.
4. Redactá con precisión el reglamento de uso, incluyendo mecanismos reales de supervisión y sanción, no solo una declaración de intenciones.
5. Presentá la solicitud ante el INPI con toda la documentación exigida por la Ley 26.355 si corresponde la marca colectiva.

Documentación para evaluar el caso

• Constancia de inscripción del agrupamiento en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, si existe.
• El acta constitutiva del agrupamiento y sus estatutos.
• Un borrador (o esquema) del reglamento de uso que se pretende aplicar.
• Información sobre el vínculo geográfico del producto, si se está evaluando una denominación de origen como alternativa.

Preguntas frecuentes