¿Alcanza con denunciar hostigamiento y diferencias salariales sin probarlas para un despido indirecto?

Qué se discutía en el caso

La actora, vendedora de un local de indumentaria desde 2008, sostuvo que tras su licencia por maternidad la empleadora la degradó de subencargada a vendedora —una decisión que calificó de discriminatoria—, que no le pagaban horas extras que trabajaba habitualmente, que existían diferencias salariales por tareas adicionales no reconocidas, y que sufría hostigamiento y presiones para renunciar. Intimó por telegrama a que se regularizara su situación y, ante la respuesta de la empleadora rechazando esos términos, se consideró despedida. La demandada negó todo: sostuvo que la actora había pedido voluntariamente el cambio de categoría en 2012, que no existían diferencias salariales ni horas extras, y que el autodespido fue infundado.

Qué resolvió el tribunal

El juzgado rechazó la demanda en su totalidad. Sobre la categoría de subencargada, señaló que la actora "no aportó documentación ni elementos objetivos que acrediten haber revestido formalmente dicha categoría ni cuál habría sido la remuneración correspondiente a la misma". Sobre las horas extras, sostuvo que las declaraciones testimoniales "resultan genéricas y no permiten determinar con precisión la frecuencia ni la extensión de tales supuestas horas suplementarias", recordando que estas "deben ser acreditadas en forma concreta y específica, no siendo suficiente la referencia a prolongaciones ocasionales de la jornada". Sobre el hostigamiento y el reclamo de daño moral y psicológico, concluyó que "no se produjo en autos prueba médica o pericial psicológica que permita acreditar la existencia de una afección psíquica concreta, su entidad, ni la relación causal con los hechos invocados". En consecuencia, tuvo por injustificado el despido indirecto y rechazó también la multa del art. 80 LCT, verificando que los certificados de trabajo habían sido puestos a disposición de la trabajadora.

El criterio que se extrae

El fallo es un recordatorio directo de que el despido indirecto no se sostiene con el relato de quien lo decide, por más detallado que sea: cada incumplimiento invocado necesita su propia prueba concreta. Una categoría superior no formalizada, horas extras "habituales" sin precisión de días ni cantidad, un ambiente hostil sin pericia psicológica que lo respalde: ninguno de estos extremos, alegados en abstracto, alcanza el estándar que exige el art. 242 de la LCT. El juzgado también recuerda que el sistema indemnizatorio de la LCT es tarifado, y que una reparación adicional por daño moral o psicológico exige acreditar un perjuicio autónomo y distinto del que normalmente deriva de cualquier distracto.

Cómo se usa en un expediente

Este fallo funciona como advertencia antes de decidir un despido indirecto: si los incumplimientos que vas a invocar no tienen respaldo documental, pericial o testimonial preciso —fechas concretas, montos concretos, informes médicos concretos—, el riesgo de perder el reclamo es real. Antes de intimar, conviene reunir toda la prueba disponible (recibos, mensajes, certificados) y evaluar honestamente si alcanza. El desarrollo completo de esta estrategia está en la guía de despido indirecto.

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