Art. 1746 CCyC: cómo se calcula la indemnización por incapacidad

Comentario

La norma manda evaluar la indemnización "mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables". La lógica es financiera: no se trata de pagar una suma fija sacada de una tabla, sino de calcular un monto que, invertido, genere una renta capaz de compensar mes a mes lo que la persona dejó de poder producir, durante todo el tiempo en que razonablemente habría seguido produciendo. Ese capital debe, además, "agotarse al término del plazo" de esa proyección: no busca enriquecer a la víctima más allá del daño, busca cubrirlo exactamente durante el período relevante.

Tres variables gobiernan ese cálculo, aunque el artículo no las mencione una por una: el porcentaje de incapacidad (cuánto se redujo la aptitud), los ingresos de la persona (la base sobre la que se mide esa reducción) y su edad (que define cuántos años de proyección quedan por cubrir). La tasa de descuento y el método de capitalización son, en la práctica judicial, materia de fórmulas específicas que los tribunales vienen aplicando y perfeccionando, pero el mandato de fondo —capital que rinda renta suficiente— es el que fija este artículo.

La norma agrega dos precisiones que muchas veces se malinterpretan. Primero, "se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables": no hace falta acreditar cada ticket individual cuando el gasto es razonable en función de la lesión, aunque en la práctica conviene igual documentar todo lo posible. Segundo, y esto es clave: la indemnización por incapacidad permanente procede aunque el damnificado siga trabajando. La incapacidad no se mide solo por la pérdida de ingresos actual, sino por la disminución objetiva de la aptitud, que puede coexistir con que la persona, con esfuerzo adicional o con adaptaciones, mantenga su actividad remunerada.

La última frase —"esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado"— despeja una objeción clásica: que alguien más (un cónyuge, un familiar) esté obligado a sostener económicamente a la víctima no exime al responsable del daño de indemnizar la incapacidad. Son dos obligaciones de fuente distinta que no se compensan entre sí.

Conviene distinguir esta indemnización de otros rubros que suelen acompañarla: el daño extrapatrimonial del artículo 1741 (el sufrimiento, no la aptitud productiva) y el lucro cesante durante el período de curación (distinto de la incapacidad definitiva, que se mide hacia el futuro una vez consolidadas las secuelas).

Cómo se usa en la práctica

El cálculo bajo este artículo exige reunir la prueba médica del porcentaje de incapacidad, la prueba de los ingresos reales de la persona y su edad al momento del hecho. El desarrollo completo de cómo se arma ese cálculo, con las variables y los métodos que los tribunales aplican, está en la guía de indemnización por incapacidad de este sitio.

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