Art. 663 CCyC: los alimentos pueden seguir hasta los 25 años si el hijo estudia

Comentario

La norma es una excepción puntual y bien delimitada a la regla general del artículo 658 (que fija los 21 años como límite ordinario de la obligación alimentaria). La extensión hasta los veinticinco años no es automática por el solo hecho de que el hijo sea estudiante: exige que la "prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio" le impida proveerse de los medios necesarios para sostenerse de forma independiente. La ley entiende, con realismo, que cursar una carrera universitaria de tiempo completo, o formarse intensivamente en un oficio, suele ser incompatible con sostener en paralelo un trabajo que permita la independencia económica plena — y no quiere forzar al hijo a elegir entre estudiar y comer.

El segundo párrafo define quién puede pedir esta extensión: "el hijo" —una vez mayor de edad, con plena capacidad para reclamar por sí mismo— "o el progenitor con el cual convive" —que suele ser quien primero advierte la necesidad y quien, en la práctica, sigue sosteniendo buena parte de los gastos cotidianos del hijo que estudia—. Y agrega una exigencia procesal importante: "debe acreditarse la viabilidad del pedido". Esto significa que no alcanza con decir "mi hijo estudia": hay que demostrar concretamente que los estudios son reales, que insumen un tiempo y una dedicación incompatibles con la independencia económica, y que esa incompatibilidad es la causa efectiva de que el hijo no pueda sostenerse solo.

La jurisprudencia que analizó esta figura viene valorando elementos como el rendimiento académico, la carga horaria de la cursada, los tiempos de traslado y preparación que exige la carrera, y el contexto socioeconómico general, para decidir si la obligación debe mantenerse. No es una fórmula automática: el juez pondera cada caso, pero el criterio de fondo es claro — si el estudio es genuino y efectivamente insume el tiempo y la dedicación que impiden trabajar de forma plena, la obligación alimentaria continúa.

Conviene remarcar la diferencia con la regla general: mientras que en la obligación "ordinaria" hasta los 21 años la carga de probar que el hijo ya no la necesita recae sobre el progenitor que pretende dejar de pagar, en esta extensión especial la carga se invierte parcialmente — quien pide la extensión (el hijo o el progenitor conviviente) es quien debe acreditar la viabilidad del pedido, es decir, que los estudios realmente impiden la independencia económica.

Cómo se usa en la práctica

Para sostener este reclamo conviene reunir prueba concreta de la cursada: certificado de alumno regular, carga horaria, rendimiento académico, y una explicación razonable de por qué esos estudios son incompatibles con un trabajo de tiempo completo. El desarrollo completo de cómo se calcula y reclama la cuota alimentaria, incluida esta extensión, está en la guía de alimentos de este sitio.

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