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CONTIABOGADOS

Guía práctica

Usaron música o contenido protegido sin autorización en un evento o en redes

Reproducir música, un video o cualquier otro contenido protegido en un evento, un local comercial o en redes sociales, sin la autorización correspondiente, no es una cuestión menor de "todos lo hacen": la Ley 11.723 reconoce al autor el derecho exclusivo de autorizar la ejecución y la reproducción pública de su obra, y ese derecho se ejerce en la práctica a través de sociedades de gestión colectiva como SADAIC.

El derecho exclusivo de ejecución pública

El artículo 2 de la ley reconoce al autor el derecho exclusivo de disponer de su obra, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público. Ejecutar una obra musical en un local bailable, un evento con música en vivo o grabada, o reproducir contenido audiovisual protegido en un perfil comercial de redes sociales, son formas de comunicación pública que requieren la autorización del titular del derecho —salvo que el uso encuadre en alguna excepción puntual, como el ámbito estrictamente doméstico—.

Por qué interviene una sociedad de gestión colectiva

En la práctica, casi ningún local o evento negocia la autorización obra por obra con cada compositor: para eso existen las sociedades de gestión colectiva, como SADAIC para la música, que representan a los autores y cobran un arancel por el uso del repertorio que administran, a cambio de autorizar su ejecución pública. Pagar ese arancel no es un trámite burocrático más: es, precisamente, la autorización que la ley exige para poder usar el repertorio protegido sin infringir los derechos de sus autores.

Un caso real: el local que usaba el repertorio sin pagar

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, resolvió este conflicto en "SADAIC c/ Indri SA y otros s/Propiedad Intelectual Ley 11.723" (Expte. 93.263/2013, sentencia del 18/12/2014). SADAIC había reclamado, como medida cautelar, la prohibición de ejecutar públicamente obras musicales en un local bailable de la Ciudad de Buenos Aires explotado por Indri SA, que utilizaba el repertorio protegido por la sociedad sin abonar el arancel correspondiente. El juez de primera instancia había rechazado la medida cautelar, y SADAIC apeló esa decisión.

La Cámara revocó el rechazo y dispuso la prohibición de ejecutar públicamente obras musicales en el local, "a través de cualquier medio y modalidad", bajo apercibimiento de las sanciones del artículo 239 del Código Penal en caso de desobediencia. El tribunal explicó que la demandada no negaba estar utilizando el repertorio protegido por SADAIC, y reconocía directamente no estar pagando el arancel correspondiente: esa combinación —uso reconocido, sin autorización ni pago— bastaba para justificar la medida urgente, dado que la infracción se estaba consumando y seguiría consumándose mientras no se ordenara el cese.

Qué enseña este caso

No hace falta que el titular del derecho pruebe un daño ya consumado y cuantificado para obtener el cese de un uso no autorizado que sigue en curso: la propia continuidad de la infracción, reconocida por quien la comete, justifica una medida urgente que ordene detenerla mientras se discute el resto del reclamo.

Distinciones que cambian el resultado

Ejecución pública no es lo mismo que Uso estrictamente doméstico o privado

Solo la primera requiere autorización del titular del derecho; el uso privado, sin comunicación al público, queda fuera de esta exigencia.

Pagar el arancel a la sociedad de gestión no es lo mismo que Trámite optativo

El arancel es, en los hechos, la autorización que la ley exige para usar el repertorio protegido; no pagarlo equivale a usar la obra sin autorización.

Reclamo de fondo no es lo mismo que Medida cautelar de cese

El cese urgente de una infracción en curso puede obtenerse antes de resolver el reclamo económico completo, cuando la infracción sigue consumándose.

Cómo actuar frente al uso no autorizado de música o contenido protegido

  1. Si organizás un evento o tenés un local con música, verificá si tenés el convenio y el arancel correspondiente al día con la sociedad de gestión que represente el repertorio que usás.
  2. Si te reclaman por un uso no autorizado, revisá primero si efectivamente estás usando repertorio protegido y si contás con alguna autorización que lo cubra.
  3. Si sos el titular de los derechos, documentá el uso no autorizado: fecha, lugar, contenido usado y la falta de autorización o pago.
  4. Evaluá si corresponde una medida urgente de cese, especialmente si la infracción sigue en curso al momento del reclamo.
  5. Diferenciá siempre el reclamo por el cese del uso del reclamo por los daños ya causados: son pretensiones distintas, aunque puedan tramitar juntas.

Documentación para evaluar el caso

Preguntas frecuentes

Tengo un local con música en vivo, ¿necesito autorización aunque no cobre entrada?

Sí. Lo que determina si hace falta autorización es que la ejecución sea pública —accesible a un público, más allá del ámbito estrictamente doméstico—, no si el acceso es pago o gratuito.

Uso música con derechos en mis redes sociales para promocionar mi negocio, ¿eso también requiere autorización?

En principio sí: reproducir contenido protegido en un perfil comercial de redes sociales es una forma de comunicación pública, y requiere la autorización del titular del derecho o de la sociedad que lo represente.

¿Puede SADAIC (u otra sociedad de gestión) reclamarme aunque yo no tenga contrato directo con el autor de la canción?

Sí. Las sociedades de gestión colectiva representan a los autores que las han facultado para ese fin, y son ellas —no cada autor individualmente— quienes suelen autorizar el uso del repertorio y cobrar el arancel correspondiente.

Me reclaman el cese del uso de un repertorio musical mientras se discute cuánto debo pagar, ¿eso es normal?

Sí. El cese de una infracción que sigue en curso puede reclamarse como medida urgente, de forma independiente y previa a la resolución completa del reclamo económico por los usos ya realizados.

Fuentes oficiales

Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:

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Conti Abogados — Ciudad de Buenos Aires

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