Mi obra social o prepaga no me cubre el transporte de mi hijo con discapacidad a la escuela o a las terapias

Qué dice la ley sobre el transporte y cuándo corresponde

La guía sobre escolaridad, terapias y transporte explica el sistema completo. Acá nos detenemos en la pieza que más se discute. El artículo 13 de la Ley 24.901 reconoce el derecho a un transporte especial, con el auxilio de terceros cuando sea necesario, para el beneficiario que no puede usar el transporte colectivo gratuito entre su domicilio y el establecimiento educacional o de rehabilitación.

Fijate que la norma habla de dos destinos: la escuela y el lugar donde se hacen las terapias. Por eso el reclamo no se agota en el trayecto al colegio. Si tu hijo hace psicopedagogía, hidroterapia o cualquier rehabilitación en un centro, ese traslado también entra, siempre que la imposibilidad de usar el transporte público esté explicada en la indicación médica.

La ley no enumera casos en los que se configura esa imposibilidad. En la práctica se acredita con el certificado de discapacidad y con la orden del profesional tratante, que debe decir qué transporte necesita el niño, hasta qué lugar, con qué frecuencia y por cuánto tiempo. Una indicación genérica, sin esos datos, es el primer argumento que usa la cobertura para demorar.

El transporte es un derecho autónomo. No depende de que la obra social o prepaga haya autorizado antes la escuela o las terapias, y tampoco se pierde porque ya cubran una de ellas. Si te aprueban el colegio pero te niegan el traslado, el recorte es ilegítimo por sí solo, y así se plantea en la intimación.

Cuánto cubre: transportista propio, transportista ajeno y reintegro

La cobertura total que promete la Ley 24.901 se articula con su artículo 6: las entidades brindan las prestaciones con servicios propios o contratados. Cuando el transporte lo hace un prestador de la cartilla, la cobertura es del 100 %. Cuando lo hace un transportista que elegiste vos, los jueces lo cubren, pero con un límite.

Ese límite es el valor que el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad fija para el módulo de transporte. En T. D., F. c/ OSDE s/ amparo de salud, el Juzgado Civil y Comercial Federal n° 6 ordenó el transporte al 100 % si lo realizaba un prestador propio, o hasta el valor del módulo «Transporte» del nomenclador si era ajeno, con los incrementos que la normativa futura disponga.

El pago, además, no queda librado a la buena voluntad de la cobertura. La orden fijó que el transportista presente su facturación detallada y que la demandada la abone con la modalidad de reintegro dentro de los diez días de presentada cada factura, y que siga cubriendo el servicio de manera ininterrumpida mientras lo indique el médico tratante.

Si querés entender mejor cómo opera el tope y en qué casos se corre, la guía sobre prestador ajeno y valor del nomenclador lo desarrolla prestación por prestación. Para el transporte, la regla práctica es esta: pedí siempre el 100 % y asumí que, si el transportista no es de cartilla, el techo será el módulo.

Qué resolvieron los tribunales

El caso más directo es el ya citado, T. D., F. c/ OSDE s/ amparo de salud, del 16 de julio de 2026 (CCF 2744/2026). Se trataba de un niño con discapacidad que reclamaba psicopedagogía, hidroterapia, escolaridad especial en jornada simple y transporte. El juez concedió la cautelar y ordenó cubrir las cuatro prestaciones hasta diciembre de 2026, con el esquema de 100 % para prestadores propios y nomenclador para ajenos.

Para fundarlo recordó que, en materia de salud, la cautelar se aprecia con un criterio amplio y que el derecho a la salud del menor tiene raigambre constitucional. También invocó la doctrina de la Corte según la cual debe asegurarse la permanencia y continuidad del tratamiento. Es un argumento útil porque el transporte suele reclamarse justo cuando el ciclo lectivo ya empezó.

«se debe aplicar un criterio amplio, siendo preferible el exceso en admitirlas que la parquedad en negarlas»

La Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal, en D., L. c/ Swiss Medical S.A. y otro s/ amparo de salud (CCF 2916/2018/CA2, 2 de junio de 2026), mantuvo una condena que incluía el transporte y precisó su alcance: si las prestaciones se hacen con prestadores ajenos, rigen los aranceles del nomenclador, y tanto la escolaridad como el transporte tienen previsiones específicas en ese arancel. Ahí no hay discusión sobre cuál módulo aplicar.

Un tercer antecedente muestra el límite. En S., S. y otros c/ Swiss Medical S.A. s/ incidente de apelación (CCF 7575/2024/1/CA1, 7 de octubre de 2026), la misma Sala sostuvo que la integralidad de la Ley 24.901 se refiere a los servicios con prestadores propios o contratados y no a los que elige la familia por su cuenta. Recordó que, según la Corte, el sistema admite topes arancelarios. Alegar valores desactualizados sin probar la diferencia real ni la imposibilidad económica no alcanzó.

Ese fallo trata escolaridad y apoyo escolar, no transporte, pero el razonamiento se traslada: si el transportista es ajeno, hay que probar con facturas la brecha entre su costo real y el módulo, y explicar por qué la familia no puede afrontarla. Sin esa prueba, el tope se confirma.

Adultos con discapacidad: traslado a rehabilitación y otros establecimientos

El artículo 13 habla de todo beneficiario, no de menores. Un adulto con discapacidad que no puede usar el transporte colectivo gratuito tiene el mismo derecho a un transporte especial hacia el establecimiento educacional o de rehabilitación al que concurre, con el auxilio de terceros si lo necesita.

La Sala III lo aplicó en S. O. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ amparo de salud (CCF 9271/2023/CA2, 14 de abril de 2026). El amparista tenía 22 años, parálisis cerebral infantil y dependencia de silla de ruedas, y había reclamado, entre otras prestaciones, el transporte a la escuela. La sentencia ordenó la cobertura integral del tratamiento con prestadores propios o hasta el límite del nomenclador, y la Cámara la confirmó con costas a la obra social.

La apelación de la obra social se concentró en el impulsor eléctrico para la silla y en el acompañante terapéutico, no en el transporte, de modo que el fallo sirve sobre todo para dos cosas: confirma que la Ley 24.901 se aplica a un adulto con certificado de discapacidad y que el listado del artículo 13 figura entre las prestaciones que la integran.

El traslado para tratamientos de otra naturaleza, como la diálisis, tiene su propia lógica, que se explica en la guía sobre diálisis y traslado. Lo que tienen en común es el punto de partida: la prestación se indica por escrito, se pide y se documenta la negativa.

Cómo reclamarlo, paso a paso

El orden importa, porque una cautelar bien armada puede salir en pocos días y un reclamo sin respaldo se cae por falta de documentación. Esta es la secuencia que conviene seguir:

1. Conseguí la indicación específica del médico tratante. Tiene que decir que el niño necesita transporte especial, con auxilio de terceros si corresponde, el trayecto y la frecuencia, y por qué no puede usar el transporte público.
2. Reuní el certificado de discapacidad y el comprobante de afiliación. Sin esos dos documentos no se aplica la Ley 24.901.
3. Pedí la cobertura por escrito y guardá la respuesta. Si la negativa fue verbal o por teléfono, mandá una carta documento para dejarla asentada.
4. Definí si usás un transportista de cartilla o uno propio. Preguntá si la cobertura tiene prestadores de transporte disponibles en tu zona y horario; si no los ofrece, eso pesa a tu favor.
5. Evaluá el amparo con cautelar. Se pide que se ordene la cobertura mientras dura el juicio; sobre cómo se plantea, mirá la guía de medida cautelar en el amparo de salud.

Si además de transporte te recortaron escuela o terapias, conviene presentar todo en un mismo reclamo; la guía sobre escuela, maestra integradora y acompañante trata esa parte, y la de terapias por trastorno del espectro autista sirve cuando el diagnóstico es TEA. Para consultas puntuales, escribinos desde la página de contacto.

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