Art. 91 LGS: cuándo se puede excluir a un socio y en qué plazo

Comentario

El primer párrafo delimita el universo de sociedades donde opera esta figura: sociedades colectivas y las mencionadas en el artículo anterior de la ley, sociedades de responsabilidad limitada, y los socios comanditados (no los comanditarios) de las sociedades en comandita por acciones — es decir, tipos societarios donde el vínculo entre socios tiene un componente personal relevante, a diferencia de la sociedad anónima abierta, pensada para el anonimato del accionista. Y agrega una precisión importante: "es nulo el pacto en contrario" — los socios no pueden renunciar de antemano, en el contrato social, a la posibilidad de excluir a quien incurra en justa causa; es una norma de orden público societario que no admite renuncia contractual.

La justa causa se define con dos supuestos distintos. El primero, y el más frecuente en la práctica, es el "grave incumplimiento de sus obligaciones": no cualquier desacuerdo o fricción entre socios habilita la exclusión, tiene que tratarse de un incumplimiento de entidad —no aportar el capital comprometido, competir deslealmente con la sociedad, usar los bienes sociales en beneficio propio, entre los ejemplos más habituales—. El segundo supuesto es más objetivo: incapacidad, inhabilitación, o declaración en quiebra o concurso civil del socio, situaciones que —salvo en las SRL, donde la norma expresamente las excluye como causal— comprometen la capacidad del socio de seguir cumpliendo su rol societario, más allá de cualquier reproche de conducta.

El plazo de noventa días es, en la práctica, donde más derechos se pierden por demora: el derecho de exclusión "se extingue" —no se suspende, no se interrumpe con facilidad— si no se ejerce dentro de los noventa días de conocido el hecho que la justifica. Es un plazo de caducidad estricto, que empieza a correr desde que se conoció el hecho, no desde que ocurrió: por eso la fecha exacta en que los demás socios tomaron conocimiento del incumplimiento es, muchas veces, el punto central de la discusión judicial posterior.

Finalmente, la norma distingue dos caminos procesales según quién decide la exclusión. Si la decide la propia sociedad (por resolución de los socios), la acción la ejerce el representante social, o quien los restantes socios designen si la exclusión apunta justamente contra quien administra. En ese trámite puede pedirse la suspensión provisoria de los derechos del socio cuestionado mientras se resuelve el litigio, para evitar que siga incidiendo en la gestión social durante el proceso. Si en cambio la exclusión la ejerce individualmente un socio (sin resolución social previa), el juicio debe sustanciarse con citación de todos los socios, no solo del excluido, porque el resultado afecta la composición entera de la sociedad.

Cómo se usa en la práctica

Antes de avanzar con una exclusión conviene documentar con precisión el hecho que la justifica y su fecha de conocimiento, porque de ahí corre el plazo de noventa días. También conviene definir de entrada si la vía será la decisión social (con eventual suspensión provisoria del socio) o la acción individual con citación de todos los socios. El desarrollo completo de esta estrategia, incluido qué le corresponde cobrar al socio excluido, está en la guía de exclusión de socio de este sitio.

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