Derechos conexos: qué protegen a intérpretes, músicos y productores

De dónde sale el concepto

La Ley 11.723 no usa la expresión "derechos conexos". Sí aparece en normas recientes sobre gestión colectiva, que hablan de "derechos de autor y conexos". La Convención de Roma, aprobada por la Ley 23.921, define a quienes se protegen: el artista intérprete o ejecutante (actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que interprete una obra), el productor de fonogramas (quien fija por primera vez los sonidos) y los organismos de radiodifusión. Aclara además que su protección no afecta al derecho de autor.

Una canción grabada reúne entonces tres derechos distintos:

El intérprete: lo que dice el art. 56

El intérprete de una obra literaria o musical tiene derecho a exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida por radio o televisión, o bien grabada sobre un disco, película, cinta o cualquier otro soporte apto para la reproducción sonora o visual. Si no hay acuerdo, el monto lo fija un juez en juicio sumario.

También puede oponerse a la divulgación de su interpretación cuando se la reproduzca de una forma que cause grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos. Si la ejecución la hizo un coro o una orquesta, ese derecho corresponde al director. Y una obra ejecutada en un teatro o sala pública puede difundirse por radio o televisión con el solo consentimiento del empresario organizador, sin perjuicio del derecho del autor.

El productor de fonogramas y los plazos

El art. 5 bis protege durante setenta años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de su publicación, tanto las interpretaciones fijadas en fonogramas (a favor del intérprete) como los fonogramas (a favor del productor). Para otros tipos de fijación, el texto de la ley no trae un plazo equivalente: conviene analizar cada caso. Para el plazo de los autores y el dominio público, mirá cuánto duran los derechos de autor.

El art. 72 bis castiga con prisión de un mes a seis años a quien, con fin de lucro, reproduzca un fonograma sin autorización escrita de su productor, y también a quien almacene o exhiba copias ilícitas sin poder acreditar su origen mediante la factura que lo vincule con un productor legítimo, o las importe para distribuirlas. El damnificado puede pedir el secuestro de las copias y de los elementos de reproducción. Para el uso de música en eventos y redes, mirá qué responsabilidad existe por usar música sin autorización.

Gestión colectiva: quién cobra y cómo está hoy

Para los autores, ARGENTORES y SADAIC fueron incorporadas en 2025 al Registro de Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Conexos de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (Disposición DNDA 2/2025). Para intérpretes y productores, el Decreto 1671/1974 había reconocido a AADI y CAPIF, el Decreto 1914/2006 a SAGAI (actores y bailarines) y el Decreto 124/2009 a DAC (directores).

El régimen cambió en 2025. Según los considerandos de las normas citadas, el Decreto 138/2025 dispone que la gestión colectiva solo puede hacerse por asociaciones civiles autorizadas por la DNDA, permite que coexistan sociedades con objeto similar y deja que los titulares administren sus obras en forma individual. Y el Decreto 143/2025 reformó los decretos de intérpretes y productores: pueden optar por ser representados por sociedades autorizadas, conservan la facultad de hacer acuerdos particulares, y los aranceles se fijan con el procedimiento del Decreto 138/2025, respetando los topes que fija el Ministerio de Justicia. Antes de afiliarte o de pagar, verificá en el Registro de la DNDA qué entidad está autorizada y qué mandato te piden.

Qué revisar en un contrato con un productor o un sello

Ninguna norma dicta el contenido de estos contratos, así que lo que no figure por escrito queda librado a la interpretación. Antes de firmar, definí si lo que das es una licencia o una cesión (ceder o licenciar) y cerrá estos puntos:

1. Qué se autoriza: la grabación, tu interpretación o ambas; soportes, plataformas y territorio.
2. Retribución: anticipo, regalías y base de cálculo. El art. 56 prevé una retribución; pactala en lugar de depender de un juicio.
3. Plazo: cuánto dura la autorización frente a los setenta años del art. 5 bis.
4. Divulgaciones que te perjudiquen: no renuncies al derecho de oposición del art. 56 sin leer las consecuencias.
5. Créditos: cómo se menciona a los intérpretes en cada edición.
6. Mandato a una sociedad de gestión: qué usos cobra, con qué rendición de cuentas y cómo se sale.
7. Prueba de licencias: guardá los comprobantes que acrediten el origen de cada copia.

Distinciones que cambian el resultado

Qué reunir antes de consultar

• El contrato con el productor, el sello o la sociedad de gestión.
• La fecha de publicación de cada fonograma.
• Un listado de los usos que detectaste: radio, locales, plataformas, copias físicas.
• Las capturas o las copias que prueben el uso, con fecha.

Preguntas frecuentes