Mi obra social o prepaga no me cubre la bomba de apomorfina para Parkinson

Un cuadro que documenta el deterioro sin el dispositivo

En "K., J. E. c/ OSDE s/ amparo de salud" (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, Expte. CCF 016767/2025, sentencia del 25/06/2026), el resumen de historia clínica describía a un paciente con 23 años de evolución de Parkinson, en tratamiento con apomorfina desde enero de 2025 por "fluctuaciones motoras, deterioro en fin de dosis, congelamiento de la marcha e inestabilidad, akinesia nocturna y matinal severas".

Pese a la mejora con la infusión, persistían alteraciones que generaban "severo impacto en su calidad de vida", con múltiples caídas y necesidad de asistencia permanente. La Cámara confirmó la cobertura de la bomba y sus insumos.

Cuando la obra social dice que "nunca fue solicitado"

En "S., N. J. G. c/ INSSJP s/ amparo de salud" (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, Expte. CCF 003468/2025, sentencia del 26/03/2026), PAMI apeló alegando que la afiliada "judicializa una prestación que nunca le fue negada porque no fue requerida administrativamente". El argumento se repite en distintos tipos de reclamos: la obra social sostiene que el paciente saltó a la vía judicial sin agotar el reclamo interno.

La Cámara confirmó igualmente la cautelar, bajo apercibimiento de astreintes en caso de incumplimiento. Ordenó cubrir tanto la bomba programable con conexión bluetooth como todos los insumos asociados: kits de canister, guías de infusión, apósitos de fijación y asistencia técnica de enfermería para la adaptación al dispositivo.

Por qué la identidad con el fondo y el reclamo previo no frenan la cautelar

En el mismo precedente S. (Sala II, Expte. CCF 3468/2025/CA1, 26/03/2026), PAMI sostuvo además que la cautelar anticipaba la decisión de fondo. La Cámara respondió que la identidad entre el objeto de la medida y el de la acción no es, por sí sola, un obstáculo, siempre que concurran verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. La prudencia que exigen las medidas innovativas no autoriza a descartarlas por temor a prejuzgar.

Sobre el reclamo administrativo, el tribunal recordó que «la existencia de un remedio administrativo o la falta de agotamiento de una vía de esa índole no es óbice para la protección de un derecho constitucional a través de la acción de amparo o de las medidas precautorias». Después de la reforma de 1994, el artículo 43 de la Constitución Nacional garantiza ese remedio expedito cuando no hay otro judicial más idóneo.

El fallo agrega un dato práctico: la actora sí había reclamado. Había dejado la documentación en la sede, mandó un correo por falta de respuesta y, el 20/02/2025, cursó una carta documento intimando a proveer el fármaco. La Cámara concluyó que el argumento de PAMI no tenía sustento jurídico ni respaldo probatorio. Por eso conviene conservar cada constancia del trámite, aunque no sea exigible.

Sobre el peligro en la demora, la Sala lo tuvo por configurado por las características de la enfermedad y por la incertidumbre que generan estas controversias sobre la cobertura. Las costas de la apelación quedaron a cargo de PAMI. El criterio aplica a la bomba, a los insumos y a la asistencia técnica prescriptos, siempre según lo indique el médico tratante.

Cómo actuar frente a la negativa

Estos son los pasos, en el orden en que conviene darlos:

1. Reuní la indicación del neurólogo especialista en trastornos del movimiento, con el detalle del deterioro motor documentado.
2. Sumá el Certificado Único de Discapacidad, si corresponde.
3. Iniciá el reclamo administrativo formal ante la obra social, aunque no sea garantía de respuesta, para dejar constancia del pedido.
4. Intimá formalmente, remarcando el impacto funcional documentado (caídas, dependencia para actividades diarias).
5. Evaluá el amparo de salud con medida cautelar si no hay respuesta en un plazo razonable.

Documentación para evaluar el caso

Para analizar tu caso necesitamos reunir lo siguiente:

• Indicación del neurólogo especialista, con el detalle de las fluctuaciones motoras y su impacto funcional.
• Certificado Único de Discapacidad vigente.
• Constancia del reclamo administrativo iniciado, si lo hubo.
• La negativa de la obra social o prepaga, documentada por escrito.

Preguntas frecuentes