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Contrataste una empresa para el mantenimiento de las líneas de producción y firmaste un SLA con tiempos de respuesta, disponibilidad garantizada y penalidades. Un día falla un equipo crítico, el prestador tarda en llegar y la planta queda parada varias horas. La pregunta es cuánto puede reclamar la planta y hasta dónde responde el prestador: acá vas a ver qué activa el SLA, qué daños se prueban y qué lo exime.
El Service Level Agreement (SLA, acuerdo de nivel de servicio) traduce a números el compromiso del prestador: tiempo máximo de respuesta ante un aviso, tiempo máximo de resolución, porcentaje mínimo de disponibilidad, esquemas de guardias y de repuestos críticos. Es la traducción operativa del contrato de locación de obra y servicios de los arts. 1251 y ss. del CCyC.
Cuando el SLA está bien pactado, incumplirlo activa penalidades preestablecidas (créditos, descuentos, multas) sin necesidad de discutir caso por caso. Ojo con un matiz: la avería del equipo, en sí, puede ocurrir. Lo que se incumple es el compromiso de responder o de resolver dentro del plazo pactado, y eso es lo que hay que medir.
Cuando una falla paraliza la producción, el reclamo puede abarcar el daño emergente (repuestos, horas hombre, servicios de emergencia) y el lucro cesante, que es la ganancia neta que se dejó de percibir por lo que no se produjo. El lucro cesante exige prueba concreta: capacidad instalada, órdenes de producción firmes y márgenes reales del período.
Muchos contratos incluyen un límite de responsabilidad («cap») equivalente a un múltiplo del fee mensual, o directamente excluyen el lucro cesante. Entre empresas esas cláusulas suelen ser válidas, salvo dolo o culpa grave, aunque conviene revisar si resisten el estándar de buena fe cuando el incumplimiento fue reiterado o groseramente negligente.
Penalidad del SLA no es lo mismo que indemnización por daños
La penalidad es un piso pactado; el resarcimiento por daños puede reclamarse además cuando el incumplimiento supera lo previsto y el contrato no lo excluye.
El prestador no responde por hechos ajenos: cortes generales de energía, catástrofes, medidas de fuerza masivas o restricciones estatales. En cambio, la falla de un subcontratista o la falta de repuestos por decisión propia del prestador no configuran fuerza mayor, porque no reúnen los requisitos de ajenidad, imprevisibilidad e irresistibilidad.
Por eso conviene definir con precisión, en el propio contrato, el listado de eventos exculpatorios y los deberes de mitigación del prestador: comunicar de inmediato, activar planes de contingencia y ofrecer soluciones provisorias. Esa lista evita discutir después qué hecho lo exime y cuál no.
Fuerza mayor no es lo mismo que dificultad operativa
Solo los eventos ajenos, imprevisibles e irresistibles eximen; la mala gestión de repuestos o de personal, no.
El orden que conviene seguir:
Para evaluar el caso, necesitamos:
Podés activar la penalidad pactada de inmediato. El lucro cesante, en cambio, requiere probar el nexo entre la demora y la parada, y sortear los eventuales límites de responsabilidad del contrato.
Entre empresas suele ser válida, salvo dolo o culpa grave. Conviene revisar si la exclusión resiste el estándar de buena fe cuando el incumplimiento fue reiterado o groseramente negligente.
No. La falta de stock por decisión del propio prestador no reúne los requisitos de ajenidad, imprevisibilidad e irresistibilidad, y no lo exime de responder por la parada.
Sí, si el contrato lo prevé expresamente o si el incumplimiento fue tan grave que la urgencia productiva lo justifica. El costo de la reparación hecha por el tercero se suma al reclamo como daño emergente directo, siempre que sea razonable en relación con el tamaño de la avería y esté respaldado con facturas. Conviene notificar al prestador antes de contratar al tercero, o inmediatamente después, para que no pueda alegar que no tuvo oportunidad de remediar la falla.
Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:
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