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Cuando un cardiólogo indica un cardiodesfibrilador implantable, un marcapasos o un resincronizador cardíaco, suele ser porque el paciente está en riesgo real de muerte súbita. Aun así, algunas obras sociales intentan sustituir el modelo indicado por otro más económico, o condicionan la medicación asociada al vademécum interno. Esta guía muestra cómo lo resolvió la jurisprudencia y qué hacer ante cada excusa.
En "B. B., G. c/ ROI SA (Doctored) y otro s/ amparo de salud" (Juzgado Civil y Comercial Federal 3, Expte. CCF 002678/2026, sentencia del 10/04/2026), un paciente pediátrico con indicación urgente de internación por riesgo de muerte súbita necesitaba un cardiodesfibrilador implantable subcutáneo. La entidad rechazó ese dispositivo y ofreció en su lugar un CDI endocavitario unicameral.
El equipo tratante había desaconsejado expresamente ese modelo por sus mayores riesgos en un paciente pediátrico: complicaciones mecánicas, infecciosas y la necesidad de futuras intervenciones invasivas. La negativa dejó al niño internado sin alta médica hasta que se resolviera la colocación del dispositivo correcto.
En "A., I. c/ OSDE s/ amparo de salud" (Juzgado Civil y Comercial Federal 10, Expte. CCF 14504/2025, resolución del 03/10/2025), un paciente de 36 años con miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica y antecedentes familiares de muerte súbita pidió la cobertura de un cardiodesfibrilador subcutáneo de 80 joules, apto para resonancia, con su cirugía en el ICBA. OSDE ofrecía un CDI endocavitario.
Como las partes diferían en el criterio médico, el juez envió la causa al Cuerpo Médico Forense. El cuerpo concluyó que el tratamiento lo debe indicar el médico tratante y que el dispositivo debía colocarse a la mayor brevedad, para limitar la progresión de la insuficiencia cardíaca, evitar arritmias y reducir la probabilidad de muerte súbita.
El juez no encontró motivos para apartarse de la recomendación de los médicos tratantes frente a la alternativa ofrecida. Ordenó la cobertura integral del dispositivo y de la cirugía "de forma inmediata", bajo apercibimiento de astreintes, con caución juratoria. Es una cautelar de primera instancia: la sentencia de fondo puede decidir otra cosa.
Para fundarla recordó que la cautelar implica un anticipo de jurisdicción que exige prudencia, pero que no es improcedente cuando la demora puede causar daños de muy difícil reparación. Citó que el PMO es un piso prestacional y que los agentes del seguro de salud pueden ampliar la cobertura según las necesidades individuales de cada afiliado.
En "S.L.E. c/ INSSJP s/ amparo de salud" (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, Expte. CCF 015056/2023, sentencia del 18/04/2024), PAMI había autorizado por excepción el cardiodesfibrilador, pero rechazó la medicación asociada (Dapagliflozina, entre otras) alegando que no se ajustaba a su vademécum.
La Cámara remarcó que "la aducida falta de inclusión en el vademécum no es una razón atendible para la denegatoria", porque se trata de "una cuestión organizativa o administrativa de la demandada que no guarda vinculación con la necesidad concreta que pudiera tener un paciente determinado".
La excusa del "trámite administrativo pendiente" aparece con la misma lógica. En "T., I. G. c/ INSSJP s/ amparo de salud" (Juzgado Civil y Comercial Federal 4, Expte. CCF 017678/2023, sentencia del 27/08/2026), un paciente con antecedentes de infarto, cardiodesfibrilador implantado y patología coronaria grave reclamó tres medicamentos cardiológicos que PAMI condicionaba al cumplimiento de "requisitos administrativos previos", el mismo patrón que se repite en otros reclamos de medicación de PAMI.
Modelo económico ofrecido no es lo mismo que modelo indicado por el cardiólogo
Cuando el equipo tratante desaconseja expresamente una alternativa más económica por los riesgos concretos que implica para el paciente, la obra social no puede imponerla igual.
Cuestión organizativa interna no es lo mismo que motivo válido de negativa
Según el criterio judicial citado, que un medicamento no esté en el vademécum de la entidad es un problema de organización interna de la obra social. No es un argumento que pese frente a la necesidad médica concreta del paciente.
Autorización del dispositivo no es lo mismo que autorización de todo el tratamiento asociado
Que la obra social ya haya autorizado el implante no significa que vaya a cubrir automáticamente los controles, cambios de batería y la medicación posterior. Cada una de esas prestaciones puede requerir un reclamo específico si se niega por separado.
Estos son los pasos, en el orden en que conviene darlos:
Para analizar tu caso necesitamos reunir lo siguiente:
No, si tu médico desaconseja expresamente esa alternativa por los riesgos que implica para tu caso concreto. Ese fue el criterio que primó en el caso citado.
Podés reclamarla igual. La jurisprudencia citada considera que el vademécum es una cuestión organizativa interna de la obra social, no un argumento válido frente a la necesidad médica concreta.
No indefinidamente. Si la demora se extiende sin justificación médica, podés intimar y evaluar el amparo, sobre todo cuando hay riesgo cardíaco documentado.
Sí. Esas prestaciones integran el tratamiento completo del dispositivo y pueden reclamarse con el mismo fundamento si se niegan por separado.
Dada la urgencia médica que suele acompañar estos casos, las medidas cautelares tienden a resolverse en días o pocas semanas.
Si hay discrepancia médica, el juez puede pedir un dictamen al Cuerpo Médico Forense. En el caso de 2025 citado, el cuerpo coincidió con la urgencia de colocar el dispositivo y el juzgado ordenó la cobertura del modelo indicado por los médicos tratantes, de manera provisoria.
Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:
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El mismo patrón de negativa por vademécum, aplicado a la medicación cardiológica que acompaña estos dispositivos.
El Olaparib y otros inhibidores de PARP para cáncer de ovario son de cobertura obligatoria cuando el oncólogo los indica, aunque no estén en el PMO.
El Lenvatinib para carcinoma de tiroides refractario al yodo radioactivo es de cobertura obligatoria pese a estar fuera de protocolos internos.
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