Certificación de obra en disputa
En la obra pública, la certificación de avance también es la base de los pagos al contratista y suele ser el primer punto de conflicto.
Derecho civil · Guía práctica
Si el daño o el incumplimiento viene de una obra pública, no alcanza con aplicar las reglas del contrato de obra entre particulares: hay que sumar el régimen de la Ley 13.064, definir si corresponde ir contra el Estado, contra el contratista adjudicatario o contra ambos, y respetar reglas de competencia distintas a las de un juicio civil común.
El contrato de obra entre particulares se rige por los arts. 1251 a 1279 del Código Civil y Comercial. Cuando el comitente es el Estado —nacional, provincial o municipal— y la obra se adjudicó por licitación pública, entra en juego la Ley 13.064 de Obras Públicas, que regula la adjudicación, la ejecución, la recepción y la rescisión del contrato con reglas propias, muchas veces distintas de las del derecho privado. Esto tiene consecuencias procesales concretas: la vía para reclamar honorarios o mayores costos frente al Estado puede requerir un reclamo administrativo previo, los plazos de prescripción pueden ser diferentes, y el fuero competente para discutir el contrato con la Administración suele ser el contencioso administrativo y no el civil, aunque los daños a terceros derivados de la obra sí pueden tramitar ante la justicia civil.
Que el Estado le encargue la obra a una empresa privada no lo libera automáticamente de responsabilidad frente a terceros. En "Fernández, Claudia Alejandra y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/Daños y Perjuicios" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, Exp. 48245/2010, sentencia del 15/04/2019), el GCBA había adjudicado obras de repavimentación a una empresa privada, que a su vez subcontrató la ejecución a otra firma. La Cámara confirmó la condena al Gobierno de la Ciudad, a la empresa subcontratista y al jefe de obra por un accidente fatal originado en el mal estado del pavimento en obra y la falta de señalización, descartando que la sola adjudicación a un privado liberara al Estado de su deber de supervisión sobre la ejecución de la obra pública.
Reclamo contractual contra el Estado por la obra no es lo mismo que Reclamo por daños a un tercero derivado de la obra pública
el primero (mayores costos, incumplimientos del contrato de obra pública) suele tramitar por la vía administrativa y contencioso administrativa; el segundo, cuando afecta a un tercero ajeno al contrato, puede tramitar en sede civil contra el Estado y su contratista.
Adjudicación de la obra a un privado no es lo mismo que Liberación de responsabilidad del Estado
según el criterio judicial citado, el Estado conserva un deber de vigilancia sobre la obra pública aunque la ejecución esté a cargo de un contratista privado.
Contrato de obra privada (CCyC) no es lo mismo que Contrato de obra pública (Ley 13.064)
comparten la lógica de fondo del contrato de obra, pero la obra pública suma un régimen administrativo especial de adjudicación, certificación y rescisión que no existe entre particulares.
En los conflictos contractuales entre el Estado y su contratista suele exigirse una instancia administrativa previa; en los reclamos por daños a terceros ajenos al contrato, ese requisito no siempre aplica de la misma forma, por lo que conviene evaluarlo caso por caso.
Sí, y según el criterio judicial citado, también se puede demandar en forma concurrente al Estado comitente cuando incumplió su deber de vigilancia sobre la obra.
No siempre: los conflictos contractuales con el Estado suelen ir a ese fuero, pero los daños a terceros derivados de la obra pública pueden tramitar en el fuero civil, según quién demande y por qué.
No, pero el camino procesal para hacerlos valer es distinto, y elegir mal la vía puede demorar el reclamo o exponerlo a un planteo de incompetencia.
Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:
En la obra pública, la certificación de avance también es la base de los pagos al contratista y suele ser el primer punto de conflicto.
Sirve de contraste con la obra privada entre particulares, que se rige íntegramente por el Código Civil y Comercial sin el régimen administrativo especial.
Si pediste trabajos adicionales sobre la marcha sin ponerlos por escrito, el contratista puede no cobrarlos, aunque los haya ejecutado igual.
Ajuste alzado o coste y costas: cada modalidad de pago de la obra genera un litigio distinto, y conviene elegir bien antes de firmar.
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Conti Abogados — Ciudad de Buenos Aires
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