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Un mandatario o apoderado que vende bienes, transfiere contratos o compromete a tu empresa más allá de lo que le encomendaste no obliga a la empresa por esos actos, y puede además responder personalmente por ellos. Saber distinguir un acto dentro del mandato de uno que lo excede ordena tanto el reclamo como la defensa.
El mandato existe para que alguien actúe en interés de otro, y la ley le exige al mandatario cumplir los actos encomendados conforme a las instrucciones dadas y a la naturaleza del negocio. Lo que excede esos límites no obliga al mandante y compromete la responsabilidad personal de quien actuó.
Un poder general amplio no es una autorización abierta para cualquier acto. Los actos de disposición relevantes, como vender bienes de magnitud o transferir contratos, suelen requerir además la autorización del propio órgano de gobierno de la sociedad mandante, no solo la existencia de un poder. Sin esa autorización, el acto puede considerarse excedido aunque el poder sea amplio.
Ante un conflicto de intereses entre mandante y mandatario, este debe posponer los suyos o renunciar al encargo. Si en el desempeño del cargo obtuvo un beneficio no autorizado por el mandante, pierde su derecho a la retribución pactada, más allá de cualquier otro reclamo por los daños causados.
El escenario típico es el del apoderado que transfiere un contrato de la empresa a otra sociedad de la que él mismo es socio. Informar el conflicto no lo habilita a seguir adelante: tiene que posponer su interés o renunciar.
En "N., F. G. c/ Construcsur S.R.L. y otros s/ordinario" (CNCom., Sala E, 28/08/2026), la Cámara Comercial confirmó el rechazo de la rendición de cuentas reclamada por un apoderado que, con un poder general amplio, había vendido rodados de la sociedad, liquidado bienes y transferido un contrato con un tercero a favor de otra sociedad de la que él mismo era socio.
Lo decisivo fue lo que el apoderado no pudo acreditar: que hubiera recibido instrucciones para esos actos y que contara con la autorización del órgano de gobierno que exige la ley de sociedades para ese tipo de actos. El poder general, por amplio que fuera, no suplió ninguna de las dos cosas.
Tanto para reclamar como para defenderse, conviene seguir este orden:
Acto dentro de los límites del poder no es lo mismo que acto que excede el mandato
El primero obliga directamente al mandante; el segundo no lo obliga, y compromete la responsabilidad personal de quien actuó sin facultades.
Poder general de administración no es lo mismo que autorización societaria para actos de disposición relevantes
El primero no alcanza por sí solo para vender bienes de magnitud o transferir contratos importantes, si la ley exige además la decisión del órgano de gobierno de la sociedad.
Conflicto de intereses informado no es lo mismo que beneficio no autorizado obtenido en la gestión
El primero exige posponer el interés propio o renunciar; el segundo hace perder al mandatario el derecho a cobrar su retribución.
Para revisar los actos cuestionados, reuní:
No necesariamente. Un poder general no habilita por sí solo actos de disposición de magnitud si la ley exige además la autorización del órgano de gobierno de la sociedad; sin esa autorización, el acto puede considerarse excedido.
Es un escenario típico de conflicto de intereses. Si no informó esa situación ni obtuvo autorización expresa, y además se benefició con la operación, puede perder el derecho a cobrar su retribución y responder por los daños causados.
Sí. Si los actos exceden lo autorizado en el mandato y no fueron ratificados, no te obligan como mandante, y podés cuestionar tanto su validez como el derecho del mandatario a cobrar por esa gestión.
Sí, en la medida en que esos actos hayan excedido el mandato vigente al momento en que se realizaron. La sociedad puede desconocerlos si no fueron autorizados ni ratificados por el órgano competente.
Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:
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